La compra de 9.671 chalecos balísticos para la Policía Nacional se realizó a Inducon SAS, empresa que perdió su certificación de seguridad del Departamento de Justicia de EE. UU.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En una reciente adquisición destinada a fortalecer la seguridad de la Policía Nacional, el Gobierno colombiano compró 9.671 chalecos balísticos a la empresa Inducon SAS por un valor de 10.378 millones de pesos. Sin embargo, se ha revelado que esta empresa perdió la certificación de seguridad otorgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que ha generado preocupación sobre la idoneidad de los equipos adquiridos.
La certificación en cuestión, emitida por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de EE. UU., es un estándar internacional que garantiza la calidad y eficacia de los chalecos balísticos. El pasado 12 de diciembre, el NIJ suspendió la certificación del modelo SUPER 8 de Inducon SAS, indicando que la empresa deberá someterse a una nueva evaluación para determinar si puede recuperar dicho aval.
La Policía Nacional, al ser informada de la suspensión de la certificación, decidió aplazar la recepción de los chalecos hasta que la empresa recupere el aval del NIJ. Inducon SAS tiene plazo hasta el 30 de abril de 2025 para cumplir con los estándares requeridos y obtener nuevamente la certificación. De no lograrlo, podría enfrentarse a sanciones contractuales y legales.
Este incidente ha suscitado críticas y preocupaciones en diversos sectores. Expertos en seguridad señalan la importancia de que los equipos destinados a la protección de los agentes policiales cumplan con los más altos estándares internacionales, garantizando así su eficacia y la integridad de quienes los utilizan.
Por su parte, la Policía Nacional ha manifestado que, al momento de la adjudicación del contrato, Inducon SAS contaba con la certificación vigente del NIJ. No obstante, la pérdida posterior de dicha certificación ha llevado a la institución a tomar medidas precautorias, como el aplazamiento de la recepción de los chalecos, hasta que se garantice su calidad y cumplimiento de los estándares internacionales.
En este contexto, es fundamental que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron a la contratación de una empresa cuya certificación estaba en riesgo de ser suspendida, y que se establezcan las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
