El presidente Gustavo Petro designó a Amelia Pérez Parra como nueva presidenta de la SAE, entidad encargada de administrar bienes incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El 19 de noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció la designación de Amelia Pérez Parra como nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad responsable de la administración de bienes incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas en Colombia.
Perfil de Amelia Pérez Parra.
Amelia Pérez Parra es abogada de la Universidad Libre de Colombia y especialista en Criminología y Derecho Penal del Externado. Su trayectoria en la rama judicial colombiana es destacada, habiendo ocupado cargos como juez de instrucción criminal, fiscal seccional y fiscal regional. Entre 1995 y 2002, se desempeñó como fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde lideró investigaciones de alto perfil relacionadas con violaciones de derechos humanos y actividades delictivas de grupos armados ilegales.
Durante su gestión en la Fiscalía, Pérez Parra estuvo al frente de casos emblemáticos como las masacres de Trujillo, El Aro y Pichilín, así como el atentado al Club El Nogal en 2003. Estas investigaciones la expusieron a amenazas de grupos paramilitares, lo que la llevó a exiliarse en Canadá en 2003, donde residió hasta 2012.
Desafíos al frente de la SAE
La SAE es la entidad encargada de administrar, mantener y disponer de los bienes que han sido objeto de extinción de dominio por actividades ilícitas. La gestión de estos activos es crucial para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país. La entidad ha enfrentado críticas por presuntas irregularidades en la administración de los bienes y por la falta de transparencia en sus procesos.
La designación de Pérez Parra ha sido bien recibida por diversos sectores. El presidente Gustavo Petro destacó su trayectoria y valentía al enfrentar estructuras criminales, afirmando que su liderazgo en la SAE contribuirá a que los bienes incautados sean utilizados en beneficio de la sociedad.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia transicional han expresado su apoyo a la nueva presidenta de la SAE, resaltando su compromiso con la legalidad y la transparencia. Sin embargo, también han señalado la necesidad de implementar reformas estructurales en la entidad para garantizar una gestión más efectiva de los bienes incautados.
