Juan Pablo Matta Casas
Hay decisiones que, más que inaugurar un rumbo, lo clausuran. La decisión del Gobierno Nacional de retomar la fumigación con glifosato en diecisiete municipios del Cauca pertenece a esa estirpe de actos que no anuncian el futuro, sino que certifican un fracaso. No es una política nueva, ni una corrección técnica, ni una innovación audaz. Es, en realidad, la confesión tardía de que todo lo dicho durante tres años no funcionó. Que la promesa de una política antinarcóticos distinta, humana, eficaz y sostenible se quedó en el terreno resbaladizo de los discursos bien intencionados y las consignas repetidas.
Durante tres años se insistió, con tono moral y épica de redención, en que la erradicación voluntaria sería el camino. Que el campesino, convencido por el Estado, abandonaría la coca porque habría alternativas productivas reales, mercados accesibles, acompañamiento técnico, crédito, vías, seguridad y presencia institucional. Se dijo que la fumigación era una práctica del pasado, una herencia vergonzante de gobiernos anteriores, un error ético y ambiental que no volvería a cometerse. Se dijo, con solemnidad, que el glifosato no regresaría jamás.
Hoy, sin embargo, el glifosato vuelve. Y vuelve no como resultado de un consenso, ni como fruto de un proceso exitoso que requiera ajustes marginales, sino como último recurso. Vuelve porque la erradicación voluntaria no erradicó, porque los cultivos ilícitos no disminuyeron de manera estructural, porque las economías ilegales siguieron siendo la única opción viable en vastas zonas del Cauca, y porque el Estado no logró reemplazar la coca por nada que se le pareciera, siquiera remotamente, en rentabilidad y liquidez. Vuelve porque el tiempo se agotó y los resultados no llegaron.
Hay algo particularmente elocuente en el momento elegido. Cuando el gobierno entra en su recta final, cuando el margen político se estrecha y el balance empieza a escribirse, aparece una decisión que contradice todo lo que se defendió con vehemencia. Y aparece, además, en un contexto internacional que no es menor. A puertas de conversaciones con Estados Unidos, y con la sombra siempre presente de la presión externa en materia antidrogas, el gobierno opta por hacer exactamente lo que dijo que no haría. No por convicción, sino por necesidad. No por coherencia, sino por urgencia.
La paradoja es cruel. El mismo gobierno que habló de paz total, de transformación territorial y de justicia social, termina aplicando una medida que reconoce, implícitamente, que no supo o no pudo transformar nada. La fumigación no es una política de desarrollo, es una política de control. No construye economías legales, las impone por ausencia. No genera confianza, la reemplaza por fuerza. Y cuando llega al final de un mandato, lo que deja no es una solución duradera, sino un problema aplazado para el siguiente gobierno.
Este giro no solo desnuda la debilidad de la política antinarcóticos, también erosiona la credibilidad del discurso. Porque gobernar no es solo decidir, es sostener lo que se dice. Y cuando se pasa de condenar una práctica a adoptarla, sin una explicación profunda, sin asumir responsabilidades y sin reconocer errores, lo que se transmite es desconcierto. El país no asiste a una corrección honesta, sino a un bandazo.
El Cauca no necesita ser fumigado para saber que la política fracasó. Lo sabe en sus cifras de pobreza, en su informalidad, en la persistencia de los grupos armados y en la ausencia de un Estado que llegue antes que la coca. Lo sabe porque la sustitución nunca fue integral, porque el acompañamiento fue intermitente y porque la economía legal nunca compitió en serio con la ilegal. La fumigación, entonces, no es el inicio de algo nuevo, es el cierre abrupto de una ilusión.
Tal vez lo más honesto habría sido decirlo así. Reconocer que no se pudo, que no se logró, que el diagnóstico fue insuficiente o la ejecución deficiente. Pero este gobierno rara vez se permite ese gesto. Prefiere disfrazar la derrota de decisión técnica y llamar pragmatismo a la contradicción. Mientras tanto, sobre los municipios del Cauca vuelve a caer el glifosato, y con él, la certeza amarga de que el problema sigue intacto y habrá que resolverlo en el próximo gobierno.
