CARLOS E. CAÑAR SARRIA
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Los Derechos Humanos son derechos para la paz, el Derecho Internacional Humanitario es un derecho para la guerra y resalta que hasta la guerra tiene límites.
Resulta preocupante el deterioro de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en nuestro país, motivo que hace pensar seriamente en la necesidad de implementar o fortalecer una pedagogía por el respeto de estos bienes primarios que son los derechos humanos, cuya función principal es la de ser garantes de la vida de las personas en condiciones de dignidad, pero también de los principios y normatividad del DIH para su conocimiento, difusión y cumplimiento en la regulación de los conflictos internos y externos.
Un país como el nuestro que se ufana de contar con una de las democracias màs sólidas de América Latina, la crisis de los derechos humanos desdice mucho de una verdadera democracia toda vez que democracia y derechos humanos son dos categorías que se compaginan o por el contrario, se excluyen mutuamente.
Es innegable que toda sociedad es conflictiva, el conflicto hace parte de la dialéctica de los pueblos, lo que realmente preocupa es la relaciòn entre conflicto y violencia en Colombia, pues la violencia ha sido- y por lo que estamos observando-sigue siendo la única posibilidad de resolución de los conflictos, y lo que es peor, la eliminación e imposición del otro.
El dogmatismo, las verdades absolutas, la intransigencia, la intolerancia, entre otros factores, son obstáculos para consolidar una cultura polìtica por los derechos humanos y por la democracia. El aumento de homicidios en Colombia, los cuales no están estrechamente relacionados con el conflicto armado, explica la cultura de la eliminación del otro en la resolución de los conflictos de la vida cotidiana.
Se hace necesario medir los límites y alcances de las organizaciones nacionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, pues resultan preocupantes los informes en relación al deterioro de los derechos humanos y a las infracciones al DIH. Las muertes violentas, las masacres, los secuestros, el desplazamiento son indicadores que justifican una pedagogía para los derechos humanos que de alguna manera llegue a las familias, pero también a las instituciones educativas incluyendo las universidades; lo mismo continuar en el empeño de implementar o fortalecer programas de capacitación a los miembros de la Fuerza Pública para impedir que algunos sigan cometiendo excesos o desmanes en un mal entendido desarrollo del ejercicio de autoridad.
Si bien es cierto que son los Estados y sus legítimos representantes, por haber firmado los pactos a quienes les corresponde responder por la vigencia y por el respeto de los Derechos Humanos, no se puede desconocer el compromiso de todos los colombianos de conocer, difundir, respetar y acatar las normatividades de estos principios universales.
Sin duda alguna, una pedagogía de los derechos humanos debe estar edificada sobre unas condiciones económicas favorables para la gran mayoría de nuestros compatriotas, que le permita vivir en condiciones de dignidad y superar los niveles de pauperización de nuestra afligida sociedad.
Desde todos los rincones de la geografía nacional la gente ansía la paz política pero también, la paz económica – insistimos- que implica minimizar los cinturones de miseria y de pobreza que consuetudinariamente azotan nuestro país.
Sin derechos humanos no es posible garantizar la paz. La paz es un derecho y un deber que corresponde a todos los colombianos y no se puede circunscribir al Estado. Se equivocan aquellos que piensan que la iniciativa de la paz total del presidente Petro es sólo responsabilidad del primer mandatario.
