Por: Juan Camilo López Martínez
El nombramiento del General (r) Pedro Sánchez como Ministro de Defensa marca un hito en la historia reciente del país. No solo porque rompe con la tradición civilista que ha caracterizado esta cartera desde la Constitución de 1991, sino porque lo hace en el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente que se autodenomina abiertamente de izquierda en Colombia. Este hecho, que en cualquier otro contexto hubiese sido duramente cuestionado por el propio Petro y los sectores sociales afines a su proyecto político, pone en evidencia una de las mayores contradicciones de su administración.
Si este nombramiento hubiera ocurrido en un gobierno de derecha, la oposición desde los sectores progresistas habría sido feroz. Las organizaciones de derechos humanos, académicos y líderes políticos habrían alzado su voz para señalar que entregar el Ministerio de Defensa a un militar activo –o en este caso, recién retirado– es un atentado contra el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Sin embargo, el silencio de muchos de estos sectores refleja una preocupante falta de coherencia.
Pero más allá de la contradicción ideológica, es innegable que el nombramiento responde a una crisis real y profunda: la inseguridad en el país ha alcanzado niveles alarmantes, comparables a los de 2002. El fracaso de la “Paz Total” es evidente, con un incremento de la violencia en regiones como el Catatumbo, Chocó, Antioquia, Arauca y, por supuesto, el Cauca. Los grupos armados han aprovechado la ambigüedad del gobierno en materia de seguridad para expandir su control territorial, poniendo en jaque a la población civil y desafiando abiertamente al Estado.
En este contexto, la llegada de un experto en seguridad como el General Sánchez puede interpretarse como una medida pragmática: el gobierno reconoce que necesita una estrategia diferente para enfrentar la crisis. La esperanza es que esta decisión no solo implique un cambio de estrategia militar, sino también un replanteamiento en la política de seguridad del gobierno. Porque la seguridad no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda nacional, y menos en un país donde la población rural sigue atrapada entre la violencia y el abandono estatal.
Petro ha tomado una decisión que contradice muchas de sus posturas previas, pero que responde a una realidad ineludible. Ahora queda por ver si el General Sánchez actuará con la contundencia que la situación amerita, sin olvidar que la seguridad no se trata solo de operaciones militares, sino de garantizar la vida y la dignidad de todos.
