Julián Andrés Caicedo Ortiz
A propósito del libro de Alonso Salazar, publicado en 2018, No nacimos para semilla, que describe la vida de los jóvenes sicarios y de los habitantes de los barrios más marginados de Medellín, hoy el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales en Colombia sigue siendo una herida abierta que desangra al país, especialmente en regiones como el Cauca. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil, esta práctica inhumana persiste, evidenciando las falencias estructurales en la protección de la niñez y la incapacidad del Estado para garantizar entornos seguros.
En 2024, la Defensoría del Pueblo registró un incremento significativo de casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia, con un 51% de los casos afectando a comunidades indígenas. El departamento del Cauca concentró el 79% de estos casos. Estas cifras, aunque escalofriantes, podrían ser solo la punta del iceberg, dado el alto subregistro derivado del miedo de las comunidades a denunciar por posibles represalias.
La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2024, los casos de reclutamiento infantil aumentaron en un 1.005%, reflejando no solo la intensificación del conflicto armado en ciertas regiones, sino también la vulnerabilidad creciente de las comunidades, especialmente las indígenas.
La desaparición de Melanie Cuchimba, una niña de 13 años secuestrada en La Plata, Huila, en septiembre de 2024, es un doloroso recordatorio de esta realidad. Melanie fue una de las ocho niñas raptadas en la región durante ese mes, presuntamente por grupos guerrilleros. Su caso, ampliamente difundido en medios nacionales, evidenció la crudeza del reclutamiento forzado y la desesperación de las familias que, en muchos casos, no cuentan con el apoyo necesario para enfrentar estas tragedias.
Otro caso que ilustra la gravedad de la situación es el de David, un joven del norte del Cauca que, como muchos otros, fue arrancado de su comunidad indígena para engrosar las filas de un grupo armado. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), más de 300 menores han sido reclutados forzosamente en los últimos dos años en esta región. Estas historias, lejos de ser aisladas, reflejan una práctica sistemática que desgarra el tejido social de comunidades enteras.
A pesar de los compromisos internacionales y la legislación nacional, la persistencia del reclutamiento forzado demuestra fallas estructurales en las políticas de seguridad y protección de la niñez en Colombia. Una de las principales deudas del gobierno es la falta de presencia integral del Estado en las zonas más afectadas. La ausencia de instituciones educativas de calidad, oportunidades laborales y servicios básicos crea un caldo de cultivo propicio para que los grupos armados ilegales cooptan a los menores.
La escasa coordinación entre las diferentes entidades encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia dificulta la implementación de acciones efectivas y oportunas. La impunidad también juega un papel determinante. La falta de investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares contra los responsables de reclutamiento forzado envía un mensaje de permisividad que perpetúa el ciclo de violencia. Asimismo, la limitada atención psicosocial y reintegración para los menores que logran escapar o son rescatados de estos grupos deja a muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de ser reclutados nuevamente.
El actual gobierno ha prometido una política de Paz Total que, en teoría, debería frenar el reclutamiento forzado mediante acuerdos con grupos armados y la reintegración de combatientes. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes. El llamado cese al fuego con grupos ilegales ha servido más como un respiro táctico para estos actores, permitiéndoles fortalecer su presencia territorial y continuar con el reclutamiento de menores bajo nuevas modalidades. La falta de control efectivo y una estrategia de prevención clara han convertido la Paz Total en un discurso vacío para las comunidades más vulnerables, que siguen siendo blanco de estos grupos.
La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en la denuncia y visibilización del reclutamiento forzado. Sin embargo, su labor requiere del respaldo decidido del Estado y la comunidad internacional para ampliar y mejorar la presencia integral del Estado en los territorios. Es hora de demostrar que los jóvenes sí nacieron para semilla, pero para sembrar un futuro digno, libre de violencia y con oportunidades reales, no solo para la foto del afiche electoral.
