Julián Andrés Caicedo Ortiz
En los últimos años, la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central del debate político y social en Colombia. La ciudad de Popayán, junto con otras capitales, se ha visto envuelta en una creciente preocupación tanto por hechos delictivos como por la percepción de inseguridad. En días recientes el observatorio social de la Alcaldía de Popayán, presentó un informe donde aparecen las cifras de los últimos años en materia de criminalidad evidenciando una disminución, sin ahondar en las razones estructurales del fenómeno. Sin embargo, existe un interrogante que aún no parece resolverse: ¿por qué se incrementa o disminuye la criminalidad, y qué factores inciden en que la ciudadanía siga sintiendo miedo ante el accionar delictivo?
La seguridad ciudadana es un fenómeno complejo que va más allá de las estadísticas de delitos reportados. En muchos casos, la percepción del riesgo se alimenta tanto de la experiencia directa como de las redes sociales, que tienden a enfatizar los episodios más impactantes. Esto se traduce en un ambiente en el que el miedo persiste, incluso en contextos donde los índices de criminalidad podrían estar en descenso o mantener una tendencia estable. ¿Es, entonces, el miedo un reflejo de la realidad o una construcción social que distorsiona nuestra comprensión del fenómeno?
La forma en que la sociedad percibe la inseguridad está ligada a la manera en que se informa sobre ella. En ciudades como Popayán, donde históricamente se han vivido episodios de violencia y se han desarrollado narrativas de inseguridad, el eco de estos relatos contribuye a la sensación de vulnerabilidad. El miedo se vuelve un fenómeno social que se retroalimenta: los ciudadanos, al sentirse inseguros, tienden a limitar su movilidad, lo que a su vez reduce la visibilidad de las acciones de prevención y control, y crea un ciclo de aislamiento que fortalece la percepción del riesgo: “por ahí no camine”, “ahí no deje la moto”, “la calle es muy oscura e insegura”.
Además, el discurso político y las estrategias comunicacionales de contradictores del gobierno en turno, suelen explotar la narrativa del miedo, buscando capitalizar en la incertidumbre y el descontento social. ¿Hasta qué punto este enfoque contribuye a la ineficacia de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana? La respuesta radica en una mayor comprensión de la relación entre la percepción y la realidad, y en la necesidad de construir una narrativa que se base en datos objetivos y en la experiencia de las comunidades.
Uno de las interrogantes fundamentales en el análisis de la seguridad ciudadana es el rol que juegan las instituciones. La presencia –o ausencia– de una política de seguridad efectiva, que combine estrategias de prevención, inteligencia y acción directa, influye decisivamente en la percepción de inseguridad. En ciudades capitales y medianas, la coordinación entre fuerzas de seguridad, el aparato judicial y las políticas sociales es esencial para abordar las causas estructurales del delito y la percepción de inseguridad. Sin embargo, cuando estas instituciones actúan de manera fragmentada o ineficiente, se genera un vacío que es aprovechado por actores delictivos, aumentando tanto los índices de violencia como la sensación de impunidad: diez videos de asaltos o robos violentos al día, contrasta con dos videos de capturas de sujetos capturados, algunos no judicializados por la falta de denuncias y otros más dejados en libertad.
Pero, ¿qué ocurre cuando la ciudadanía no confía en estas instituciones? La desconfianza institucional es un factor que puede agravar la percepción del riesgo, incluso si los datos objetivos sugieren una mejora en la situación. La aplicación de la justicia es el principal elemento que mina la credibilidad del Estado y refuerzan la narrativa de inseguridad. Las personas ya no denuncian formalmente por factores como tiempo, empatía y en ocasiones falta de resultados operacionales por parte de las autoridades.
No se puede analizar la seguridad ciudadana sin considerar los determinantes socioeconómicos. El desempleo, el snob (por moda o sensación de peligro), la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social son condiciones que, en muchos casos, crean un caldo de cultivo para la criminalidad. En ciudades como Popayán, donde la estructura económica y social ha experimentado cambios significativos ligados a la denominada “mexicanización”, producto de una economía subterránea ilegal, son factores que desencadenan situaciones de vulnerabilidad que se traducen en delitos. La marginalización y la ausencia de perspectivas de futuro, o la perspectiva de “facilismo” en el desarrollo económico en sectores enteros de la población generan tensiones que, a menudo, se manifiestan en violencia o en demostraciones de “fuerza”.
La pregunta es: ¿hasta qué punto las políticas públicas han logrado abordar estas problemáticas estructurales? La respuesta es compleja y no se reduce únicamente a medidas represivas. Es indispensable un enfoque integral que incluya la promoción de la inclusión social, la inversión en cultura ciudadana y solución concertada de conflictos, así como la generación de empleo formal como herramientas fundamentales para disminuir la criminalidad. En este sentido, la seguridad ciudadana debe concebirse como un bien común, en el que la prevención y el bienestar social sean prioritarios sobre la mera reacción ante episodios delictivos.
Finalmente la seguridad ciudadana en ciudades como Popayán y otras capitales no puede entenderse únicamente desde la óptica del delito en sí, sino como el resultado de una compleja interacción entre factores institucionales, socioeconómicos y culturales. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo por qué ocurren los hechos delictivos, sino por qué, a pesar de los avances en ciertos indicadores, la ciudadanía continúa viviendo con temor. Solo abordando estas interrogantes de manera integral y con políticas efectivas podremos aspirar a construir un entorno verdaderamente seguro para todos. Ojalá quienes están al frente de las instituciones por confianza de los gobernantes en turno, se preparen y entiendan que también para ejercer autoridad hay que estudiar.
