Por: Sebastián Silva-Iragorri
A las personas que infringen la ley no se les puede premiar pues esto genera el peor ejemplo para los habitantes de un País. Las sanciones efectivas son la mejor forma de disuasión del delito. Las sociedades que sancionan alejan el delito o rebajan su incidencia por el solo temor que suscita la efectividad de medidas punitivas. En Colombia se ha agudizado en los últimos años la dilación de los procesos con el fin de obtener prescripciones, caducidades y libertades. Observamos con estupor como procesos muy importantes sufren demoras, aplazamientos y suspensiones por cualquier motivo o circunstancias, maniobras, montajes y apariencias.
Hay casos emblemáticos que se van convirtiendo en casos de impunidad. Tenemos el caso del hijo del presidente, Nicolás, quien después de confesar públicamente haber infringido la ley en campaña electoral para favorecer a su padre con dudosos recursos económicos tal como lo publicó importante revista nacional, recibe una visita prohibida que le hace su padre y el asunto cambia totalmente. Después de mucho andar se le imputaron dos delitos sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos y hasta ahora no se ha podido iniciar el juicio pues semana tras semana surgen motivos para aplazarlo hasta que llegue el mes de junio en donde prescribe el proceso. Hay otro caso aberrante y es el relativo a los topes electorales presuntamente violados por la campaña del actual mandatario que adelanta el CNE y cuyo trámite ha estado sometido a infinidad de obstáculos, dudas, impedimentos, renuncias y toda clase de artificios tendientes a dilatar para lograr el fin del proceso. Primero fue la discusión de competencias que zanjó el Consejo de Estado en favor del CNE. Luego vinieron recusaciones y tutelas una de las cuales acaba de decidirse suspendiendo temporalmente el proceso en cuanto al presidente se refiere. Lo que ha causado asombro en la Justicia es que el jefe de la oficina jurídica de Palacio en la era Petro hoy es magistrado de la Corte Constitucional y no se declaró impedido, sino que además de votar por la parálisis del proceso dirigió el debate como ponente al interior de la Corte para obtener la suspensión en una votación reñida de cinco votos a cuatro. Este Magistrado además atraviesa una dura prueba por revelaciones de entrega de recursos de la UNGRD para su elección. Ahora se quiere instalar al abogado personal del presidente también en la Corte. Con seguridad tampoco se va a declarar impedido cuando haya procesos con relación al Jefe de Estado. Surge entonces de inmediato y de manera apremiante la presentación de un proyecto al Congreso consagrando un severo régimen de inhabilidades para acceder a la magistratura de la Corte Constitucional. No es posible que abogados personales o asesores del presidente de turno pasen directo a la Corte Constitucional. Debería existir una inhabilidad de tiempo en el sentido de que personas que estén trabajando con el presidente de turno no puedan ser candidatizados sino por lo menos 2 o 4 años después de que haya dejado el poder el mandatario para el cual laboraron. Pero en lugar de aparecer posibles remedios lo que estamos viendo estos días son peleas internas entre miembros del mismo gobierno, además neurosis colectiva cuando ministros iracundos insultan o tratan mal a ciudadanos y lo que es peor al mismo primer mandatario de la Nación repartiendo insultos, groserías y acusaciones por doquier.
La impunidad tiene que ser combatida, no podemos seguir con casos como el de la JEP, un Tribunal que en 7 años no ha producido condenas y cuyo funcionamiento tiene un altísimo costo. No podemos seguir con las apariencias de aperturas de procesos disciplinarios por la Procuraduría contra altos funcionarios que después son archivadas o nunca se resuelven.
La impunidad es un mal mayor, que mucho daño le ha hecho y le está haciendo a Colombia. Uno de los propósitos fundamentales de un nuevo gobierno será erradicar la impunidad del panorama de la justicia nacional.
