Juan Pablo Matta Casas
La reforma laboral que se discute actualmente en la Cámara de Representantes avanza con una celeridad sorprendente y resulta especialmente preocupante cuando se contrastan los avances de la reforma con las cifras del mercado laboral colombiano. Según los últimos datos del DANE, en agosto de 2024 la tasa de desempleo en las principales ciudades fue del 10%, superior al 9,6% del año anterior. A su vez, la tasa de informalidad laboral se mantiene en un alarmante 55,9%, lo que refleja una precariedad estructural que la reforma, en su estado actual, no solo no aborda, sino que podría agravar.
El proyecto de ley parte de una premisa errada: que el aumento de las regulaciones y restricciones no generará efectos adversos sobre la informalidad y el desempleo. Sin embargo, la realidad económica nos muestra un panorama completamente diferente. En Colombia, las regulaciones excesivas distorsionan el mercado laboral, impidiendo la creación de empleo formal y limitando las oportunidades de crecimiento para las empresas.
A pesar de las recomendaciones presentadas en los últimos años para incentivar el empleo formal, la reforma laboral va en sentido contrario. Según el Indicador de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), el texto aprobado en el primer debate obtuvo un puntaje de apenas 32,6%, lo que refleja una clara falta de alineación con la libertad económica. Este dato se complementa con el Índice de Libertad Económica 2023 del Fraser Institute, que otorga a Colombia una calificación de 5,81 sobre 10 en la categoría de regulación del mercado laboral, destacando la alta interferencia del gobierno en las decisiones laborales, lo que limita tanto la libertad de las empresas para contratar como la de los trabajadores para emplearse.
El impacto negativo de esta reforma no solo se limita a la libertad económica, sino que también afecta la competitividad y la capacidad de generar riqueza de manera sostenible. Según el Índice de Prosperidad 2024 del Legatum Institute, Colombia se encuentra en la posición 85 entre 164 países en la categoría de calidad económica, ubicándose entre las economías con menores posibilidades de generar bienestar para sus ciudadanos. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que la reforma laboral, tal como está planteada, incrementaría los costos laborales en un 30%, según estimaciones de Fenalco. Este aumento en los costos afectaría de manera desproporcionada a sectores clave de la economía, como el turismo, los servicios de alimentación y entretenimiento, que dependen de la flexibilidad laboral para su funcionamiento.
El mayor reto que enfrenta el mercado laboral colombiano es la enorme brecha entre los trabajadores formales e informales, una problemática que la reforma ignora. En lugar de crear mecanismos para fomentar la formalización, la reforma impone nuevas cargas que, lejos de cerrar esta brecha, la ampliarán. Las restricciones al uso de contratos a tiempo parcial y la imposición de contratos indefinidos en el campo tras 27 semanas de trabajo son ejemplos claros de medidas que limitarán la flexibilidad de las empresas para adaptarse a las dinámicas del mercado, afectando de manera negativa a los sectores más vulnerables.
Se ha pasado por alto en los debates legislativos es la relación entre esta reforma y la competitividad del país. Las restricciones impuestas no solo dificultarán la creación de nuevas empresas, sino que también podrían provocar la salida del mercado de aquellas que no puedan adaptarse a las nuevas cargas laborales.
La reforma laboral, además, pone en peligro la sostenibilidad del sistema de seguridad social. La reducción en el empleo formal disminuiría los aportes al sistema de pensiones y salud, lo que aumentaría la dependencia del Estado para financiar estos servicios esenciales. En un contexto en el que ya existe un déficit en la seguridad social, la reforma podría generar un círculo vicioso de dependencia estatal, obligando al gobierno a aumentar impuestos o recurrir a la deuda para sostener el sistema, lo que afectaría gravemente la capacidad de inversión y el crecimiento económico del país.
La reforma laboral, en su estado actual, no solo ignora las realidades del mercado laboral colombiano, sino que también representa un riesgo significativo para el futuro económico del país. Las políticas propuestas aumentarán la informalidad, reducirán el empleo formal y debilitarán la competitividad empresarial. Esta reforma claramente no está alineada con el objetivo de construir un mercado laboral que responda a las necesidades de Colombia en el largo plazo.
