Por: Felipe Solarte Nates
Fuera del desastre histórico en el manejo de las insaciables EPS tan dadas a recibir mucho dinero y pagar poco a hospitales, clínicas y proveedores farmacéuticos que no sean de su misma empresa; y del continuo encarecimiento de los costos en los exámenes de laboratorio, radiodiagnósticos y tratamientos médicos, un tema al que no se le ha dado la suficiente importancia tiene que ver con el impulso a campañas masivas de prevención y educación en salud entre toda la población, para que merme el volumen de visitantes a urgencias y consultorios, tarea que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993, cumplían relativamente bien desde las secretarías departamentales que operaban centros de salud y vacunación en los municipios más apartados.
Por no ser rentable para sus negocios la prevención fue prácticamente abandonada por las EPS a las que el ciudadano sano no les servía porque no facturaba sus servicios ni aumentaba sus ingresos, a la par que las secretarias de educación entregaron los Planes de Alimentación Escolar, a mafias interdepartamentales de contratistas más preocupados por obtener jugosas ganancias que brindarles alimentos frescos y balanceados a niños y jóvenes de escuelas y colegios de secundaria en donde el deporte y actividades culturales también deberían ser prioritarios en sus jornadas.
Ante la creciente alza en los costos de los servicios de salud a todos los niveles, urge rescatar las campañas de prevención de salud física y mental y rescatar la alimentación escolar de manos de negociantes aliados con mafias políticas, para garantizar desde la primera infancia, una población que no tenga que acudir a los consultorios.
Esto comprende la organización de una extensa red de salud primaria, desde donde, además de atender urgencias y patologías sencillas de tratar que con frecuencia congestionan las salas de urgencia de hospitales y clínicas de 2º y 3er nivel-, adelanten campañas de atención prenatal, materno-infantil, y vacunación desde la primera infancia, y jornadas educativas sobre alimentación balanceada en una época signada por la proliferación de la comida chatarra, la automedicación y el consumo descontrolado de alcohol y gran variedad de sicoactivos que desestabilizan emocionalmente a personas de todas las edades, sexos y condición social.
También con el apoyo de trabajadores sociales, pueden contribuir en el diseño y construcción de ambientes sanos y hábitos saludables que impidan que un gran porcentaje de la población tenga que acudir a los urgencias y consultorios médicos, en donde corren el riesgo de ser mal diagnosticados, -cuando son hipocondríacos o fingen enfermedades-, y al tomarse los fármacos que les recetan corren el riesgo de enfermarse de verdad por los efectos secundarios de estos compuestos químicos que además de gastritis, pueden dañarles el hígado, los riñones, el sistema circulatorio, endocrino, y volverlos narcodependientes de antidepresivos y analgésicos como el fentanilo y otros opioides.
Estas campañas preventivas tienen que ir ligadas con los gobiernos nacional, departamental y municipales para impulsar la construcción y el mantenimiento de instalaciones deportivas de uso masivo y el nombramiento de preparadores físicos, entrenadores, personal médico, dietistas, trabajadores sociales y sicólogos que ayuden a combatir la epidemia de la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares causadas por dietas recargadas en carbohidratos, sales, preservativos y colorantes, químicos, algunos cancerígenos, que abundan en la gran cantidad de comida chatarra y embutidos que junto a las bebidas azucaradas y alcohólicas inundan los estantes de los supermercados, además de los trastornos del comportamiento que desde la temprana niñez hasta la ancianidad afectan a millones de colombianos que sobreviven en familias disfuncionales, ambientes conflictivos y variada oferta de alcoholes y sustancias sicoactivas.
Uno de los aciertos del actual gobierno aplicando la ley estatutaria de la salud aprobada por el Congreso en 2015, ha sido el destinar recursos para el fortalecimiento de la atención en el primer nivel creando los Centros de Atención Básica, CAB, principalmente en municipios niveles 5 y 6 e incluidos en el programa PDET, puesto en marcha después del acuerdo de paz con las FARC en 2016 y mediante el cual han rescatado miles de puestos de salud abandonados en barrios y veredas, y hospitales de primer nivel construidos y reconstruidos, dotándolos de equipos, ambulancias y personal médico y paramédico que los atienda.
Sin embargo, esta política es paliativa y temporal mientras que el Congreso, en este gobierno en el año que le queda, o el próximo, no aprueben una reforma a la salud, que quite a las EPS el control absoluto en el manejo de los cerca de 90 billones girados anualmente por el ministerio de Hacienda.
El Contralor General en su reciente informe confirmó que los manejos de los billonarios recursos son poco claros por parte de los directivos de las EPS y seguir girándoselos con su actual estructura organizativa sería continuar echándolos en un barril sin fondo. El presidente Petro en su discurso refrendó lo informado por el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
