Por: Sebastián Silva-Iragorri
El tema de las alza o aumentos en los salarios es un tema delicado de tratar pues hay que conciliar al tiempo dos importantes temas sin afectaciones en ningún lado. Es necesario y justo que los trabajadores ganen más y que su nivel de vida mejore en cada ocasión y que las empresas de todo tamaño y organizaciones puedan crecer y ampliar sus coberturas.
El Gobierno Nacional elevó para el año 2026 en un 23,7 % el salario mínimo y en un 24,5% el auxilio de transporte y lo hizo por decreto en virtud de no haberse logrado un acuerdo en la Comisión de Concertación. Los empresarios aceptaban un alza del 7,21%, las organizaciones de trabajadores pidieron un alza del 16%, entonces el gobierno decretó un alza del 23,7%. Hay que anotar que el proceso y las facultades del gobierno para decretar el alza está regido por La ley 278 de 1996. En ella se estipulan unos índices para tener en cuenta en cada ocasión y llegar a la cifra de aumento, entre estos está la inflación del año anterior, la productividad y el crecimiento del PIB. Con ellos se debe llegar a una cifra equilibrada evitando desmejoras al trabajador o aumentos desproporcionados que alimenten el desempleo. El fin es llegar a una cifra que absorba las alzas inflacionarias, que impulse a las empresas y que al tiempo garantice estabilidad para los trabajadores, todo por justicia social. Un alza desproporcionada y sin ajustes técnicos puede generar, además de despidos de trabajadores una baja en la productividad del País, pero un aumento demasiado débil, que ni siquiera alcance para neutralizar la inflación anterior y la proyección del año siguiente, puede desmejorar la calidad de vida del trabajador y su derecho a un salario digno. El aumento del salario mínimo no puede ser una guerra entre las partes sino al contrario, un trato realista, con cifras promediadas, respetando la ley y con tal fraternidad que tenga en mente el beneficio del trabajador y su familia y el apoyo, sostenibilidad, crecimiento y ampliación de las empresas y organizaciones.
El Gobierno nacional decretó el alza para 2026 y produjo varias reacciones, por un lado, sectores de trabajadores que manifestaron su beneplácito y sectores empresariales que expresaron sus temores en relación con los costos elevados de funcionamiento de las empresas que podrían colocar en peligro su estabilidad. El decreto con el alza fue demandado por diversos ciudadanos y llegaron a 16 las demandas presentadas ante el Concejo de Estado. El Concejo de Estado a través de su ponente inicial ordenó la suspensión provisional del decreto respectivo y fijó un término de 8 días calendario para que el gobierno emita un nuevo decreto con un alza que tenga en cuenta las variables contenidas en la ley 278 de 1996. Mientras tanto seguirá rigiendo el alza decretada de los 23,7% y así deberá pagarse a los trabajadores hasta que se expida y entre en vigencia un nuevo decreto.
Ya el gobierno dio el primer paso y convocó nuevamente a la Comisión de Concertación de trabajadores, empresarios y gobierno. Si no se logra concertación volverá a las manos del presidente para que el gobierno vuelva a decretar el alza, teniendo en cuenta los parámetros técnicos ya citados. Los empresarios también ya dieron el primer paso, mantienen el salario aumentado del 23,7% y se aprestan a asistir este lunes a la Comisión. Es posible que se logre una concertación, pero si no se logra volverá la decisión a manos del gobierno que con seguridad consagrará por decreto el mismo aumento del 23,7%. Esto es posible si logra sustentar técnicamente el alza y lo hace con los factores indicados en la ley y con el concepto del salario vital.
De todas maneras, está por resolverse un capítulo más de fuerte incidencia en el crecimiento y productividad del País y el mejoramiento continuo de su clase trabajadora. Ojalá se logre lo mejor para los trabajadores, para las empresas y para Colombia.
