Por: Juan Camilo López Martínez – Politólogo
En la administración pública, la comunicación es una herramienta clave para la gestión y la rendición de cuentas. Sin embargo, en muchas alcaldías y gobernaciones, los planes de medios han dejado de ser una estrategia para visibilizar logros y fortalecer el vínculo entre la administración y la ciudadanía, para convertirse en un instrumento de manipulación política. En lugar de informar, algunos los utilizan para atacar a opositores, alimentar egos y proyectar campañas personales con recursos públicos.
El problema radica en que, en muchas ocasiones, la contratación de medios de comunicación está en manos de secretarios de despacho con aspiraciones políticas. Estos funcionarios terminan utilizando la pauta oficial para proyectar su imagen, creyendo ingenuamente que salir en todas las fotos es suficiente para convertirse en candidatos viables. Este fenómeno distorsiona completamente el propósito de la comunicación institucional y genera efectos adversos: fragmentación en los mensajes de la administración, desinformación y, en el peor de los casos, guerras mediáticas contra funcionarios del propio gabinete.
Las alcaldías deben recuperar el control de su comunicación institucional. Es imperativo que los alcaldes de turno se apropien de sus planes de medios y que sus jefes de prensa asuman el papel que les corresponde. No se trata de censurar a los medios ni de imponer una visión única, sino de garantizar que la pauta pública se utilice de manera transparente y estratégica, enfocada en informar a la ciudadanía sobre la gestión y los avances de la administración. Es diferente la comunicación institucional de la comunicación en campaña y eso, alguien con aspiraciones políticas no lo comprende.
Cuando se deja la pauta en manos de un secretario con intereses políticos, se corre el riesgo de que los recursos terminen beneficiando a unos pocos medios afines a él, generando una cobertura parcializada y debilitando el ecosistema mediático local. En ciudades donde los medios de comunicación ya son frágiles en términos económicos y operativos, este tipo de prácticas los hace aún más dependientes del presupuesto oficial y, por ende, menos críticos y plurales.
El mandato de los alcaldes es claro: gobernar durante cuatro años con independencia y autonomía, ejecutando el plan de gobierno que les fue confiado en las urnas. No pueden delegar la responsabilidad de la comunicación institucional a terceros con agendas personales. Es momento de que los mandatarios asuman con seriedad la gestión de sus planes de medios y exijan a sus equipos de gobierno centrarse en su labor administrativa, en lugar de usar los recursos públicos para autopromoción.
La ciudadanía espera alcaldes que gobiernen, no figuras decorativas que permitan que un secretario en busca de protagonismo tome las riendas de la comunicación institucional. La gestión pública debe estar al servicio de la gente, no de las ambiciones individuales.
