Juan Pablo Matta Casas
Esta semana conocimos la noticia sobre Sofía Delgado, una niña de 12 años, que desapareció el 29 de septiembre de este año en Candelaria, Valle del Cauca, cuando se dirigía a la casa de su abuela para recoger un champú. Aunque cámaras de seguridad la captaron en un corto trayecto, no se le volvió a ver. Días después fue encontrada sin vida y capturado el responsable, Brayan Campo, un vecino de la niña.
Yuliana Samboní, una niña de 7 años de origen indígena, fue secuestrada, violada y asesinada en diciembre de 2016 por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de Bogotá. Este crimen generó una gran conmoción en la sociedad por su brutalidad. El responsable fue condenado en 2017 a 58 años de prisión, la pena más alta posible en Colombia.
Sara Sofía Galván desapareció el 15 de enero de 2021 en Bogotá, y fue buscada durante meses, principalmente en el río Tunjuelito, sin éxito. Aunque nunca se encontró el cuerpo de Sara Sofía, la Fiscalía estableció que Carolina Galván, la madre, y su pareja Nilson Díaz, fueron responsables por su desaparición forzada. La investigación demostró que ambos participaron en la desaparición de la niña y se les encontró culpables. Fueron condenados a 42 años de prisión.
Los motivos por los cuales una persona podría cometer violación a menores son multifactoriales y complejos, combinando elementos biológicos, psicológicos, sociales y conductuales. Este tipo de comportamiento es visto médicamente como resultado de distorsiones profundas en el desarrollo psicosocial y emocional del individuo, además de posibles influencias neurobiológicas y ambientales.
Sin embargo, como sociedad, nos obliga la protección de los menores. Aunque algunos se desgasten tratando de entender a los abusadores, es difícil, al menos para mí, encontrarles la dignidad humana a quienes han abusado y asesinado a alguien, mucho menos a un menor de edad.
La Sentencia C-294 de 2021, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, estudió la demanda contra el Acto Legislativo 01 de 2020, que modificaba el artículo 34 de la Constitución para permitir la prisión perpetua revisable en delitos como homicidio doloso y acceso carnal violento contra menores. La Corte concluyó que el Congreso se excedió en sus facultades al incluir esta pena, ya que afecta un pilar fundamental de la Constitución: el Estado Social y Democrático de Derecho basado en la dignidad humana.
Esta discusión, cada vez que se presenta un caso de abuso de menores, se pone sobre la mesa y es más política que jurídica, porque sin duda hay un clamor ciudadano para que los culpables de este tipo de delitos no tengan la menor consideración para establecer su condena, ni mucho menos tengan acceso a rebajas o un trato diferencial por parte del Estado. Las instituciones no pueden ser sordas ante esta solicitud general y ciudadana.
Pero es cierto que debemos avanzar con urgencia hacia un sistema de prevención. En Estados Unidos, fue creado en 1996 el Sistema AMBER Alert en respuesta a la trágica desaparición y asesinato de Amber Hagerman, una niña de 9 años de edad que fue secuestrada mientras montaba su bicicleta en Arlington, Texas. Su cuerpo fue encontrado días después, lo que causó una profunda conmoción en la comunidad y una ola de preocupación a nivel nacional. Este caso destacó la necesidad de un mecanismo rápido y efectivo para notificar al público sobre secuestros de menores en curso, con el fin de aumentar las probabilidades de rescatar a los niños antes de que se les haga daño. Este sistema avisa a todos los ciudadanos del área para que estén alertas y colaboren con la búsqueda del menor desaparecido. En Colombia sí que hace falta algo así.
Mientras tanto, nos corresponde a todos tratar de evitar que el abusador tenga oportunidad. Los niños no deben salir solos de casa, ni a la tienda, ni a la panadería, ni donde los vecinos. Estar atentos a los niños es el primer paso en esta batalla contra los abusadores; actuar juntos para protegerlos es el camino a recorrer. Si usted ve algo que le parezca sospechoso, desconfíe, llame a las autoridades y a los vecinos hasta que la situación se aclare. Es mejor actuar que lamentar.
