Juan Pablo Matta Casas
El Cauca está desbordado y el Gobierno Nacional sigue ausente. No es un problema de percepción ni una exageración mediática, son hechos que gritan por sí solos: el secuestro de Juan Pablo Cifuentes Fajardo en Caloto, el asesinato de dos policías en El Tambo, el secuestro de nueve contratistas de la Gobernación en López de Micay, el ataque con drones en Santander de Quilichao que mató a la patrullera Maryori Ramos y el combate en Suárez donde cayó un soldado son la evidencia de un Estado que perdió el control en el Cauca y que, peor aún, parece haberse resignado a esa pérdida. No hay autoridad real, no hay respuestas contundentes, no hay un plan serio que devuelva la tranquilidad a los caucanos. Lo único que hay son comunicados, consejos de seguridad y la misma frase repetida: “estamos trabajando”. Pero aquí nadie ve el resultado.
El secuestro de Juan Pablo Cifuentes, ocurrido el 11 de julio en la vereda Morales de Caloto, es más que un hecho criminal: es un mensaje de los grupos armados a toda la institucionalidad. No se llevaron a cualquier persona, secuestraron a un funcionario público, hermano de un dirigente político reconocido, y lo hicieron con total descaro, en pleno norte del Cauca. Pasan los días y no hay una presión real, no hay avances conocidos. La familia Cifuentes está sola, como lo está cada ciudadano que vive bajo el miedo de ser el próximo secuestrado. Este hecho debería haber provocado una reacción inmediata y contundente, pero el Gobierno Nacional se limitó a expresar su preocupación, como si aquí no se estuviera jugando la vida de un hombre y la credibilidad del Estado.
El asesinato de los dos policías en El Tambo, el 17 de julio, es otra muestra de la impunidad que reina en el departamento. El intendente Willi Walberto Carabalí Carabalí y el patrullero Fabián Andrés Robayo Rocha fueron asesinados mientras almorzaban. Los criminales llegaron, dispararon y se fueron como si nada. Y la respuesta del Gobierno Nacional fue la misma de siempre: el silencio. Nuestros policías están luchando con lo que tienen, ponen el pecho a diario, arriesgan su vida, pero están solos. Y no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de un Gobierno que no los respalda con el pie de fuerza necesario, con equipos adecuados ni con decisiones políticas firmes. La Fuerza Pública merece respeto y apoyo real, no aplausos en comunicados de prensa.
Mientras tanto, en López de Micay, nueve contratistas de la Gobernación fueron secuestrados en medio de su labor humanitaria. No llevaban armas, no representaban ninguna amenaza, eran civiles haciendo el trabajo que el Estado debería hacer. Hoy, como en tantos otros casos, nadie sabe nada de ellos. No hay una estrategia pública clara, y lo más preocupante: no hay voluntad política visible para recuperarlos. Es como si se hubieran acostumbrado en Bogotá a que el Cauca sea un territorio donde estas cosas pasan todos los días sin que importen demasiado.
El ataque con drones en Santander de Quilichao, que mató a la patrullera Maryori Ramos, dejó claro que aquí no enfrentamos delincuencia común, sino ejércitos ilegales con capacidad tecnológica, con recursos millonarios y con un control territorial que el Estado ha permitido. El combate en Suárez, donde murió un soldado, es otro ejemplo de que la Fuerza Pública sigue enfrentando esta guerra prácticamente sola, mientras el Gobierno insiste en vender la idea de una “Paz Total” que en el Cauca no existe. Aquí no hay paz, hay miedo, hay extorsiones, hay secuestros y asesinatos casi diarios. Y lo más grave: hay indiferencia.
El gobernador Octavio Guzmán y los alcaldes del departamento no tienen cómo enfrentar esta crisis. No es falta de voluntad, es falta de recursos, de estructura institucional y de respaldo real. No se les puede pedir a ellos que contengan a grupos armados que operan como ejércitos. Es el Gobierno Nacional quien tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad, y no lo está haciendo. La ausencia es evidente, y duele reconocerlo: el abandono del Cauca parece una decisión política. Prefieren sostener el discurso de la paz, aunque la gente aquí se siga desangrando.
No podemos seguir esperando. Cada día que pasa, cada secuestro, cada asesinato, cada familia desplazada son la prueba de que el Gobierno Nacional nos está fallando. Y si no pueden o no quieren asumir la responsabilidad, hay que buscar otras soluciones, hay que considerar la presencia de cascos azules de Naciones Unidas en las zonas más críticas. No es una rendición de soberanía, es una medida pragmática para salvar vidas. La verdadera vergüenza no sería pedir ayuda internacional; la verdadera vergüenza es seguir contando muertos mientras en Bogotá discuten teorías políticas.
El Cauca no aguanta más indiferencia. No podemos aceptar que el secuestro de Juan Pablo Cifuentes sea un hecho más en la lista. No podemos normalizar que los policías sean asesinados en plena calle sin que pase nada. No podemos permitir que nueve contratistas desaparezcan sin que nadie los busque de verdad. No podemos resignarnos a ver caer soldados mientras el Gobierno habla de paz desde su escritorio.
Si el Gobierno Nacional no actúa ahora, será responsable de cada vida que se pierda. Y la historia no lo olvidará.
