Por Paloma Muñoz – Docente universitaria
En el sur occidente colombiano la noticia no llegó en forma de decreto ni de comunicado oficial. Llegó de otra manera. Como una ausencia, un estante vacío, una costumbre rota. Alguien dijo, medio en broma medio en rabia, que ya no volveríamos a comer galletas “Amor”. Y ahí, en es frase aparentemente menor, se condensó toda una disputa internacional.
Porque no es solo una galleta. Es la forma más doméstica, en la que una guerra comercial se cuela en la vida cotidiana. Ecuador y Colombia, países vecinos, hermanos, fronterizos, históricamente entrelazados por la independencia del virreinato español, por el comercio, la migración, la música, el acento y la comida, entraron de nuevo en una espiral de tensiones. Esta vez, bajo la forma de aranceles del 30% , impuestos por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a productos colombianos, como respuesta, según su gobierno, a la falta de acciones contundentes contra el narcotráfico y la minería ilegal. Bogotá respondió con la misma moneda; sobretasas a más de 50 productos ecuatorianos. El conflicto escaló. El lenguaje se endureció. Y el lunes 26 de enero, Quito anuncio además un aumento del 900% en la tarifa de transporte del petróleo por su sistema de oleoductos. Y el gobierno colombiano respondió, no más suministro de energía eléctrica para Ecuador.
Pero más allá de la lista de productos, de los porcentajes y de los comunicados diplomáticos, vale la pena preguntarse: ¿qué hay detrás de estas medidas? Y, ¿qué nos pasa culturalmente cuando el comercio se convierte en un instrumento de castigo político?
Los aranceles ya no son solo una herramienta económica. Son una forma de control. Un mensaje cifrado que no se envía a los gobiernos sino a las poblaciones. Se castiga al consumidor, al pequeño comerciante, al tendero de frontera, al transportador, a la familia que cruza la línea imaginaria entre Ipiales y Tulcán como si fuera una calle más del barrio. En esta lógica, comer o no comer ciertos productos se vuelve un acto político involuntario. En el suroccidente colombiano, la frontera con Ecuador no es un límite, es un tejido vivo. Las economías locales se han construido en diálogo constante, informal muchas veces, solidario casi siempre. El azúcar, el plátano, los neumáticos, el combustible, las cobijas cuatro tigres, las galletas, los dulces, las frutas… no son solo mercancías, son parte de una cultura compartida que resiste desde hace décadas a los vaivenes de los gobiernos centrales.
Por eso estas medidas no solo encarecen productos. Erosionan vínculos. Instalan desconfianza, reavivan viejos estigmas. Y trasladan conflictos estructurales -narcotráfico, extractivismo, economías ilegales- a un terreno equivocado, el del intercambio cotidiano entre pueblos que no diseñaron esas políticas, pero que ahora pagan sus consecuencias.
Decir que ya no comeremos galletas Amor parece un chiste, pero es una metáfora poderosa. El arancel, en este contexto, se vuelve una frontera emocional. Una forma de recordarnos que la política internacional también se siente en el cuerpo, en la mesa, en el mercado, en la memoria afectiva de lo compartido.
Talvez el verdadero problema no es el 30%, ni el 900%, ni la lista de productos gravados. Talvez lo más grave es que seguimos creyendo que los conflictos complejos se resuelven castigando al vecino, cerrando el paso, subiendo precios y usando el comercio como arma. Mientras tanto, las causas profundas, la desigualdad, la economía ilegal, la ausencia del Estado en los territorios, permanecen intactas.
Al final, cuando el amor se vuelve arancelario, algo más que una galleta se pierde. Se pierde la idea del encuentro de países hermanos y se agudizan las fronteras. Y eso, en esta región, es un costo demasiado alto.
