Por: Jesús Alberto Aguilar Guerrero.
En medio del desarrollo de los procesos electorales en Colombia, que tienen como punto de mira las elecciones de 2026 para elegir a los miembros del Congreso y al próximo presidente y vicepresidente, se siente una inquebrantable tensión. Aunque a veces parezca que la situación se desmorona y el silencio del Estado resulta ensordecedor, la verdad es que la maquinaria de la democracia debe seguir adelante, apegándose estrictamente a los calendarios emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La Defensoría del Pueblo se prepara para emitir una “alerta electoral”, un llamado de atención basado en el preocupante informe de la Misión de Observación Electoral (MOE). Dicho informe revela un repunte alarmante en la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, concentrándose particularmente en Bogotá, Cauca y Norte de Santander. Aunque la cifra general de hechos violentos ha disminuido en comparación con 2021, la agresividad y el número de crímenes en estas zonas las convierten en los territorios más afectados.
La MOE y la Defensoría del Pueblo han condenado enérgicamente una serie de hechos atroces: desde secuestros y amenazas hasta el reclutamiento de menores y asonadas. El panorama es sombrío, pues la violencia letal ha resurgido con fuerza, cobrando la vida de varios líderes, y limitando la libertad de los votantes y la capacidad de los candidatos para hacer campaña.
La Violencia en el Cauca: Un Caso de Emergencia Humanitaria
El departamento del Cauca ha sido un foco de emergencia humanitaria en lo que va de 2025. Los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y los ataques a la población civil han generado un escenario de caos. Decenas de personas en la zona rural han sido afectadas por desplazamientos masivos, viéndose obligadas a abandonar sus hogares y sus vidas.
La disputa territorial ha dado lugar a un círculo vicioso de violencia que incluye amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos y atentados. A esto se suma el atroz flagelo del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Todos estos factores no solo obstaculizan el buen desarrollo de las campañas electorales, sino que también afectan profundamente a la población en edad de votar, que se encuentra atrapada en medio de la violencia.
Los riesgos electorales en Colombia son tan complejos como variados. Además de la presencia de grupos armados ilegales que buscan influir en los resultados electorales, los expertos advierten sobre otros peligros significativos.
En departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander, la situación se considera de alto riesgo debido a la fuerte presencia de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Según analistas, esta influencia podría llevar a la manipulación del voto y a la trashumancia electoral.
Otro factor que amenaza la integridad del proceso es la desinformación y las noticias falsas, que tienen el potencial de influir en las decisiones de los votantes y erosionar la confianza en las instituciones democráticas.
La falta de seguridad y las restricciones a la movilidad son también factores cruciales que podrían afectar la participación ciudadana en las próximas elecciones. Candidatos y líderes políticos se enfrentan a presiones y amenazas constantes, lo que limita su capacidad para participar libremente en los procesos electorales.
La MOE y otras organizaciones de la sociedad civil han estado emitiendo alertas tempranas y recomendaciones para mitigar estos riesgos. El objetivo es claro: salvaguardar la integridad del proceso electoral y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y seguridad.
Desde esta redacción, continuaremos haciendo un riguroso seguimiento a las “fiestas electorales” que se avecinan, porque la democracia colombiana, aunque vulnerable, debe prevalecer.
