Por: Kevin Alejandro Erazo Papamija
Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un derivado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua FARC-EP. Los PDET abarcan 170 municipios y 16 subregiones en distintos contextos donde se ha manifestado la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional; es decir, municipios priorizados para la acción institucional en el marco del posconflicto. Este instrumento de planificación y gestión plantea la priorización de planes y programas en relación con el Acuerdo Final de La Habana, con una vigencia hasta 2027.
Alrededor de este tema, desde el Congreso de la República se han presentado distintas iniciativas que pretenden ampliar la vigencia de los PDET hasta 2037. Este es un punto de acuerdo entre distintos grupos políticos, entre ellos Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las Curules de Paz, y Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, adscrito al Centro Democrático. Asimismo, el senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, ha presentado recientemente un Proyecto de Ley para ampliar la vigencia y anexar 30 nuevos municipios.
En relación con la ampliación de la vigencia, es claro que hay un interés compartido; sin embargo, donde se presentan diferencias es en la lista de los municipios PDET, debido a esto, se presentan 3 distintas posiciones; primero, mantener los actuales municipios y solo ampliar la vigencia (iniciativa de las Curules de Paz); segundo, mantener el número de municipios, anexar o excluir algunos de acuerdo con estudios técnicos (proposición del representante Hernán Cadavid); y, por último, mantener los actuales municipios y anexar los 30 nuevos municipios (iniciativa del senador Ferney Silva).
Ahora bien, los PDET son, en esencia, una visión de desarrollo territorial, conformada a través de escalas de planificación mediante Pactos Comunitarios, Municipales y Planes de Transformación Regional. Esto implica un nivel de participación comunitaria y la formulación de iniciativas que respondan a problemáticas y necesidades manifestadas en el ámbito territorial.
En la práctica, los planes se han enfrentado a múltiples retos para su implementación, lo que responde, entre otros factores, a limitaciones de capacidad institucional en los distintos niveles de la administración pública. En otras palabras, no hay una comprensión adecuada de las hojas de ruta construidas por parte de las autoridades locales. Si bien no es una descarga de responsabilidad del Estado central, se requiere una mayor capacidad de articulación social e institucional.
Según un informe de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para 2024 solo el 47 % de las iniciativas planteadas cuentan con una Ruta de Implementación Activa, lo que representa un reto para materializar más de la mitad de las iniciativas pendientes hacia 2027.
Considerando las deficiencias que han presentado los PDET, es importante que en cualquiera de las iniciativas propuestas, se contemple la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y social. Esto es clave para abordar los motivos que podrían justificar la eventual exclusión de algunos municipios. Dichas iniciativas, sobre todo, deben incorporar un principio de inclusión y responsabilidad estatal.
La inclusión de nuevos municipios no debe ser un ejercicio exclusivamente de planificación normativa y política; debe entenderse como la oportunidad de construir iniciativas desde lo veredal y municipal. En otras palabras, la participación en la formulación de iniciativas debe ser prioritaria, ya que la inclusión de estos municipios no debe limitarse a la asignación de recursos económicos ni a la gestión exclusiva de las entidades territoriales. Además, la vinculación y armonización con los Planes de Transformación Regional exigen participación activa y la construcción de una nueva visión territorial.
En conclusión, es evidente que los PDET requieren una ampliación de su vigencia debido al mediano avance en su implementación. Sin embargo, también es necesario impulsar una reestructuración que mejore los procesos de articulación y la capacidad institucional. Este proceso demanda responsabilidad tanto del Estado como de los promotores de la iniciativa, pues el carácter participativo no debe recaer únicamente sobre las entidades territoriales, sino en el fortalecimiento de una visión integral del territorio.
