Por: Harold Mosquera Rivas
Después de los escándalos de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, era previsible que, ante la imposibilidad de repetir la práctica de comprar conciencias, el gobierno no contara con los votos suficientes para salvar la reforma laboral. De hecho, hay más de 100 demandas en la Corte Constitucional en procura de tumbar la reforma pensional.
Siempre consideré muy ambiciosa la propuesta de reforma laboral, cuando lo más importante era garantizar a los trabajadores la estabilidad laboral que se sustenta en los contratos a término indefinido como regla general y los de término fijo como excepción. Con eso hubiera sido suficiente, pues esos trabajadores con estabilidad laboral, tendrían que conseguir poco a poco y a través de sus organizaciones sindicales, el resto de beneficios propuestos en la reforma.
Sin embargo, se mantuvo la pretensión ambiciosa y se produjo la catástrofe. Ahora el gobierno, ad portas del hundimiento de la reforma laboral, ha anunciado que convocará a las calles a la gente para que se movilice en defensa de las reformas sociales. Se intentará convertirlas en leyes a través de referéndum, para lo cual, me parece que el tiempo que resta no alcanza, pues, desde la entrada en vigencia de la constitución de 1991 los intentos por legislar a través de ese mecanismo, han fracasado.
Ni siquiera la propuesta anticorrupción, que tanta fuerza tuvo, alcanzó los votos necesarios para convertirse en ley, a pesar de toda la publicidad que tuvo y del entusiasmo nacional que provocaron los promotores. Sin embargo, el gobierno anuncia que seguirá en la lucha, con las botas puestas, hasta el 6 de agosto de 2026.
Esperemos que, las manifestaciones que se avecinan no traigan más tragedia de la que tenemos hoy. Que el anunciado segundo estallido social no se produzca, pues en el primero, todos perdimos. La enseñanza que queda es que, de nada sirve acceder al poder a través de la presidencia de la república, sino se cuenta con las mayorías en el congreso, pues solo quienes han podido negociar esta fórmula, han podido convertir en leyes las más importantes iniciativas de sus programas de gobierno.
Incluso, contando con esas mayorías ha sido posible reformar la constitución y acceder a la reelección. Para los trabajadores asalariados de Colombia, se ha perdido una oportunidad de oro, pues si bien hay muchas pequeñas y medianas empresas para las que la propuesta de reforma era difícil de superar, también hay grandes conglomerados empresariales, incluido el sector financiero, con capacidad suficiente para asumir toda la reforma sin mayores complicaciones.
La cuestión es que, estos últimos terminaron ganando, con el argumento de salvar a los primeros, cuando la reforma bien podía hacer la diferencia entre unos y otros. Debemos recordar que el Código Sustantivo del Trabajo, creó inicialmente unas acreencias laborales que solo se pagaban por las empresas de mayor capital, pues los artículos señalaban cuál era el capital mínimo que debería tener la empresa para estar obligada a pagar esas prestaciones. Ahora nos toca, empezar de ceros, en el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores de nuestra patria.
