Por: Juan Camilo López
Cada 20 de julio conmemoramos el inicio de nuestra vida republicana, una fecha cargada de simbolismo donde la institucionalidad se viste de solemnidad y el país escucha, en teoría, un balance del estado de la Nación. Sin embargo, en esta ocasión, el acto del presidente Gustavo Petro ha tomado otro rumbo: la convocatoria a una consulta popular con preguntas que, si bien suenan cercanas al interés popular, están formuladas de forma tendenciosa, apelando más a la emoción que a la razón.
No es nuevo que en Colombia se utilicen mecanismos de participación para reafirmar liderazgos en momentos de dificultad política. Pero lo que preocupa no es la convocatoria en sí, sino su contenido. Las preguntas propuestas apelan a lugares comunes con los que cualquier ciudadano estaría de acuerdo: mejores condiciones para los trabajadores. ¿Quién podría estar en contra? Y ese es precisamente el problema: se consulta sobre obviedades, sin un debate serio sobre los costos, las consecuencias y, sobre todo, sin partir de un diagnóstico riguroso de los problemas que supuestamente se quieren resolver.
Uno de los principios más elementales de la formulación de políticas públicas es que no se puede comenzar ofreciendo soluciones sin entender bien el problema. En este caso, no hay evidencia técnica ni argumentación sólida que sustente cómo las propuestas formuladas en la consulta se traducen en mejoras reales. Por ejemplo, exigir que los empresarios paguen más a los trabajadores puede sonar justo, pero sin medidas paralelas que fortalezcan a las empresas, reduzcan las cargas tributarias excesivas y enfrenten el drama de la inseguridad y la extorsión —realidades que azotan hoy a miles de empresarios en departamentos como el Cauca—, el resultado no será más justicia social, sino más desempleo.
La economía nacional, y particularmente la de regiones como la nuestra, no resiste políticas que se diseñen sin equilibrio. Sí, necesitamos redistribuir riqueza y garantizar derechos laborales dignos. Pero eso no se logra sacrificando la sostenibilidad de las empresas, ni mucho menos con medidas demagógicas. Se requiere un Estado que regule con inteligencia, que escuche al sector productivo, que entienda las realidades territoriales, y que, sobre todo, gobierne con base en datos y diagnósticos serios, no con discursos de plaza pública.
El Cauca, Popayán, los municipios del sur y del norte, merecen una discusión de fondo sobre el rumbo del país. No necesitamos una consulta que sirva de plataforma para confrontaciones entre poderes. Necesitamos, en cambio, un pacto nacional que priorice la seguridad, la inversión, el empleo y la justicia social.
El 20 de julio debería recordarnos que este país se construyó desde la deliberación colectiva, no desde los monólogos con aplauso fácil. Si realmente queremos transformar a Colombia, debemos comenzar por asumir la política con responsabilidad y no con consignas. De lo contrario, perderemos no solo el rumbo, sino la credibilidad.
