Por Eduardo Nates López.
De las varias versiones noticiosas en diferentes medios de comunicación sobre el terrible asesinato que cometieron dos sujetos jóvenes, la noche del 31 de octubre (fecha de las tales “brujitas,” que se ha convertido en un peligroso evento para la sociedad), es obligante extraer enseñanzas necesarias para el comportamiento social y para incluir en los códigos y procedimientos judiciales y tratar de evitar que la barbarie siga creciendo y dándole la razón a este válido calificativo de: “país de cafres”.
Comencemos por decir que ya no necesariamente es un caso insólito. En Colombia hay atropellos, vejaciones y salvajadas todos los días; Pero hay algunos casos que por su fiereza adquieren sonoridad, pero por su creciente frecuencia van adormilando los ciudadanos hasta convertirse en costumbre. Hace exactamente 15 años (el 31 de octubre de 2010) ocurrió un caso con algunas circunstancias similares, que involucró al estudiante de la misma universidad de Los Andes, Luis Andrés Colmenares, cuyo padre -con entereza inigualable y dignidad sin par, que solamente el amor paternal explican-, asumió una valiente posición que mostró las enormes posibilidades de manipular la justicia que, en no pocas ocasiones, tienen el dinero y el poder. Lamentablemente, esta investigación aún no ha llegado a su punto culminante.
Esta vez no aparece todavía un “factor manipulador” pero sí actúa el aterrador síndrome de la furia animal en un ser humano, que los lleva a matar, enloquecidos, a su congénere. Según las noticias, Juan Carlos Suarez y Ricardo González, aupados por Kleydymar Paola Fernández y Berta Yohana Parra, acribillaron a patadas, en el suelo, a Jaime Esteban Moreno, porque, supuestamente, había “acosado sexualmente” a una de las dos, mientras departían en el bar de Chapinero, “Before Club” atestado de celebrantes de la famosa “fiesta” (que no deja de ser una celebración mal importada). Parece que “la princesa pretendida” daba “pedal” en medio del ataque a los (¿presuntos?) asesinos.
Innegablemente, en este caso, la justicia ha funcionado con alguna celeridad, según lo dispuesto en los códigos de procedimientos judiciales. Pero la inquietud va dirigida a que si los mecanismos estipulados en esos códigos son los apropiados y oportunos, pues parece que facilitaron que uno de los asesinos tuviera tiempo de ir a esconderse en Cartagena, donde ya decidió entregarse a las autoridades. Y fuera de eso, tiene la posibilidad de “negarse a aceptar los cargos”, cuando los testimonios y las filmaciones de las cámaras de seguridad le están mostrando con total claridad, su comportamiento animal y (¿presuntamente?) asesino… (Debo explicar que uso los signos de interrogación y los paréntesis, contra mi voluntad, para no transgredir las consideraciones, exageradamente garantistas, en favor de los delincuentes, “consagradas” en nuestros códigos…).
Expreso mi solidaridad con los padres, familiares y amigos del joven muerto en tan dolorosas circunstancias. Y, porque no, a los familiares de quienes (¿presuntamente?) cometieron el crimen, pues las penas a las que serán sometidos oscilan entre 400 y 600 meses de prisión. ¡Ojalá! Si promediamos en 500 meses, los “presuntos” asesinos y sus colaboradores saldrán de la cárcel cuando tengan más de 60 años de edad. Como quien dice, no solo hubo un muerto sino una tragedia colectiva con cerca de seis “muertos”….
La conclusión de esta columna no es nada fácil. Solo me atrevería a decir que la sociedad en la que vivimos está muy enferma y obligada a buscar las alternativas de educación social, familiar y personal que erradiquen esos instintos asesinos e irracionales que aún nos agobian. Y que los Códigos de Procedimiento Penal contemplen las penas y también los mecanismos de escarmiento previo a situaciones tan dolorosas como esta. También es necesario revisar la responsabilidad que pueda caber a los propietarios de algunos establecimientos que, en su codicia, introducen “ganchos” como peleas en vivo, apuestas etc. En este caso el “negocio” es propiedad de la congresista del Pacto, hija del jefe del M – 19, Pizarro, que además tramita en su agenda legislativa en la Cámara, una ley que tiene relación con bares y esa clase de negocios, en un evidente “Conflicto de Intereses… ¡Acuciosa y pertinente la HP (Honorable Parlamentaria) Pizarro!
