Por: Julián Torres Sarria / Director Consejo Gremial y Empresarial del Cauca
La semana pasada, en la Casa de la Moneda en Popayán, se llevó a cabo una audiencia pública para discutir la reforma laboral. El espacio, marcado por una postura predominantemente socialista, generó preocupación entre los asistentes debido a que, lejos de representar un avance, las medidas propuestas podrían provocar la desaparición de numerosos empleos formales en la región.
El Cauca enfrenta desafíos estructurales que lo diferencian de otras regiones del país. La informalidad laboral en varios municipios supera el 60%, y la tasa de desempleo en Popayán alcanzó el 17% al cierre de 2022, según el DANE. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan la mayor parte del tejido productivo, pero operan en un contexto de inseguridad, bloqueos constantes en las vías y sobrecostos logísticos que afectan su competitividad. En estas condiciones, la reforma laboral, en lugar de incentivar el empleo formal, podría aumentar la precarización y llevar al cierre de empresas que no puedan absorber los costos adicionales.
El proyecto de ley plantea medidas como el pago de recargos nocturnos desde las 6:00 p. m., el incremento en las indemnizaciones por despido y la restricción a la tercerización en actividades misionales. Si bien el fortalecimiento de los derechos laborales es un objetivo legítimo, la aplicación rígida de estas disposiciones puede ser devastadora para regiones con economías frágiles como el Cauca. Muchas empresas deberán elegir entre reducir personal o cerrar sus operaciones.
El economista y Premio Nobel Milton Friedman advertía en Capitalism and Freedom que una excesiva intervención estatal puede distorsionar los incentivos económicos, afectando la competitividad y la eficiencia de los mercados. Por su parte, Douglass North subrayaba la importancia de instituciones que reduzcan costos de transacción y brinden certidumbre a los agentes económicos. En el contexto del Cauca, estas reflexiones son fundamentales: una regulación inflexible puede agravar la inseguridad jurídica y económica, desalentando la inversión y el crecimiento empresarial.
Otro aspecto que no se puede ignorar es que el sector productivo es el principal generador de impuestos, recursos que financian las políticas públicas y las reformas sociales. Al encarecer la contratación y aumentar el riesgo de cierre de negocios, la base gravable disminuye, afectando la capacidad del Estado para sostener programas esenciales. Con un sector privado debilitado, las posibilidades de generar empleo de calidad y fomentar el emprendimiento local se reducen drásticamente.
Además, las condiciones socioeconómicas del Cauca hacen aún más riesgosa la implementación de esta reforma. Los bloqueos de vías frecuentes en la región, elevan los costos de transporte y encarecen los productos, disminuyendo la competitividad de las empresas locales frente a otras regiones del país. Esto, sumado a la inseguridad, ha llevado a algunos inversionistas a considerar trasladar su capital a zonas con mayor estabilidad. Si esta tendencia continúa, se perderán empleos y se agravará la crisis económica regional.
No se trata de rechazar la reforma por completo ni de desconocer la importancia de mejorar las condiciones laborales. El reto está en diseñar una política pública que considere las diferencias regionales y brinde incentivos a la formalización. En lugar de imponer más cargas a las empresas, se debería promover una reforma integral que contemple alivios tributarios para mipymes, facilite el acceso a crédito y garantice capacitación para fortalecer la productividad.
Desde el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, hacemos un llamado al Congreso y al Gobierno Nacional para que evalúen con detalle la situación de este departamento y de otras regiones con características similares. La única forma de evitar un impacto negativo en la economía y el empleo es mediante una legislación equilibrada, que reconozca las particularidades de cada territorio. De lo contrario, se corre el riesgo de que una reforma diseñada para proteger a los trabajadores termine, paradójicamente, perjudicándolos al destruir las fuentes de empleo que buscan salvaguardar.
