Juan Pablo Matta Casas
Esta semana, Colombia ha entrado en una de las crisis diplomáticas más delicadas de las últimas décadas con su principal aliado histórico: Estados Unidos. La decisión de Washington de retirar a su diplomático encargado en Bogotá, seguida por la respuesta del gobierno Petro de llamar a consultas a su embajador en Washington, constituye mucho más que un simple desencuentro diplomático. Es la evidencia de un deterioro profundo, sostenido y preocupante en la relación bilateral más importante que ha tenido Colombia desde mediados del siglo XX.
Para dimensionar esta ruptura, es necesario reconocer la magnitud de lo que está en juego. Estados Unidos no solo es el mayor socio comercial de Colombia, con más de 36 mil millones de dólares en intercambio bilateral durante 2024, sino que ha sido un actor central en la financiación de políticas públicas en seguridad, salud, educación y desarrollo rural. Desde el Plan Colombia, pasando por la Iniciativa de Seguridad Regional y los múltiples acuerdos de cooperación judicial y policial, la relación con Washington ha sido un pilar de estabilidad para el Estado colombiano.
El presidente Petro parece ignorar que la soberanía nacional no se defiende desde el aislamiento ni desde el conflicto. El progresismo mal entendido ha confundido dignidad con agresión, y autonomía con ruptura. La decisión de suspender la extradición de delincuentes solicitados por Estados Unidos, la negativa a recibir vuelos con deportados desde territorio estadounidense y las constantes acusaciones sin prueba de complots internacionales fraguados desde el Congreso norteamericano, reflejan una actitud deliberada de confrontación. Este no es un gobierno ingenuo ni mal informado: es un gobierno que está eligiendo, con plena conciencia, seguir el libreto ideológico de países que hoy sufren las consecuencias de haber roto con Estados Unidos.
Y es allí donde conviene mirar hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. En los tres casos, los gobiernos decidieron enfrentar a Washington en nombre de una supuesta autodeterminación. ¿El resultado? Bloqueos, sanciones, aislamiento económico y diplomático, caída drástica en los flujos de inversión extranjera, empobrecimiento generalizado y migraciones masivas. Cuba vive bajo un embargo económico que ha deteriorado su capacidad industrial y sanitaria; Venezuela, que fue una de las economías más ricas del continente, hoy sufre hiperinflación, desabastecimiento y la huida de más de siete millones de sus ciudadanos; y Nicaragua, con su represión brutal y su exclusión del sistema interamericano, atraviesa una recesión prolongada y un creciente descrédito internacional.
¿Estamos dispuestos a seguir por ese camino? ¿Tiene Colombia, con su frágil economía pospandemia, con su campo aún asediado por el narcotráfico y sus regiones tomadas por grupos armados, el lujo de prescindir del respaldo diplomático, financiero y estratégico de Estados Unidos? La respuesta debería ser un no rotundo. Pero el gobierno insiste en dinamitar los puentes, no solo con la Casa Blanca, sino también con el Departamento de Estado, el Congreso norteamericano, la DEA y otras agencias de cooperación que por décadas han sido fundamentales para nuestra gobernabilidad.
No se trata de rendir soberanía ni de someter la política exterior a los designios de otra nación. Se trata de actuar con responsabilidad histórica. Colombia necesita liderazgo que comprenda el arte del equilibrio, que entienda que las relaciones internacionales no se manejan con discursos incendiarios en la Plaza de Bolívar, sino con tacto, diplomacia y visión estratégica. Petro ha optado por lo contrario: por la hostilidad retórica, por la victimización sistemática, por un relato conspirativo que solo genera desconfianza en los aliados y entusiasmo en los enemigos del orden democrático en la región. El daño ya está hecho, pero aún es reversible. El gobierno colombiano debe cesar las provocaciones, retomar el lenguaje de la cooperación y reconstruir los canales diplomáticos con Washington.
En tiempos de incertidumbre global, de amenazas híbridas, de reconfiguración geopolítica, América Latina necesita alianzas sólidas y responsables. Colombia, históricamente, ha sido un faro de sensatez, un país que supo mantener relaciones estrechas con las democracias del norte sin renunciar a sus prioridades sociales. Romper esa tradición por capricho ideológico es un acto de profunda irresponsabilidad.
