Wálter Aldana
Como notarios del conflicto armado, opinadores políticos, periodistas y funcionarios hemos expresado durante décadas nuestras consideraciones sobre el conflicto social y armado y sus repercusiones negativas en nuestro departamento, este terruño amado, digno y rebelde.
Por más de sesenta años diversos grupos no formales, diferentes a la constitucional fuerza pública, han hecho presencia y ejercido autoridad, mediante el miedo o el convencimiento en el Cauca; muestra de ello se encuentra al recorrer el departamento debiendo utilizar incluso dos “carnets” para poder ingresar en algunos territorios del Suroccidente y el Macizo Colombiano.
Es innegable el esfuerzo del gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro por adelantar “conversaciones” y/o “negociaciones” con estructuras armadas de diversa índole; quizás en esto ha radicado la crisis de la denominada Paz total, pues a la dirección centralista de los esfuerzos por lograr acuerdos se le ha olvidado que la paz es territorial y diversa, si se la entiende como la implementación concertada de oportunidades lícitas de ingresos para las zonas más apartadas y golpeadas por la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y la paquidermia institucional.
Masacres, desplazamientos, ataque a la infraestructura militar, a los que se suma el aumento del secuestro, o retención como lo llaman estos grupos irregulares, son pan de cada día: una guerra costosa del lado institucional que se financia usando nuestros impuestos con sacrificio de la inversión social; de la otra orilla con fuentes de financiación de naturaleza ilegal.
Creo entonces que, dado que el conflicto está ligado en alta proporción a las economías ilegales, si no se avanza en la legalización de la coca seguiremos lamentando su prolongación o incluso su expansión puesto que los grupos armados de carácter político militar seguirán actuando mientras no lleguen a la conclusión de la imposibilidad de un triunfo militar.
Por mi parte, al ver en mi recorrido por los municipios la continuidad de los impactos del conflicto sobre la población civil, principalmente campesina y étnica, estoy convencido tercamente de la necesidad de avanzar en la firma de acuerdos humanitarios territoriales.
