Por: Juan Cristóbal Zambrano López
Una vez más, el Cauca arde. El, 4 de julio, el ELN intentó bloquear nuevamente la vía Panamericana, paralizando el suroccidente del país. Esta no es una noticia nueva. Es el último episodio de una serie de hechos violentos que se han vuelto cotidianos y que confirman lo que muchos tememos: el Cauca se está convirtiendo en una zona de sacrificio para el resto de Colombia.
En los últimos días, vimos con indignación el secuestro de 57 militares en el municipio de El Tambo, un acto que no puede ser interpretado como un simple “hecho aislado”, sino como parte de una estrategia sistemática de presión y desestabilización por parte de grupos armados ilegales que siguen actuando con total impunidad. Hace apenas unos días también fuimos testigos del intento de retención del representante a la Cámara César Cristian Gómez, un atentado no solo contra su vida, sino contra la democracia misma.
Más recientemente vimos el secuestro del líder juvenil Juan Pablo Cifuentes Fajardo, hermano de el ex candidato a la alcaldía de Caloto, Duvalier Cifuentes hijo, actos de violencia que reflejan el olvido nacional a nuestro departamento.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno Nacional insiste en mantener un proceso de paz con organizaciones que continúan violando el derecho internacional humanitario. ¿Qué tipo de “paz total” se construye sobre la base de bloqueos, secuestros, amenazas y atentados? ¿Qué mensaje se le envía a los ciudadanos del Cauca cuando día tras día deben levantarse sin saber si podrán trabajar, estudiar o simplemente transitar libremente por su territorio?
La vía Panamericana, corazón logístico de nuestra región, ha sido usada como campo de batalla una y otra vez. Cada bloqueo representa no solo pérdidas económicas millonarias, sino también un golpe psicológico para miles de familias que viven con la ansiedad permanente de no saber cuándo volverán a cerrarles el paso o a explotar una carga en la carretera.
Pero lo más grave es el silencio (y a veces la complicidad) de un Estado que parece haber aceptado que el Cauca es tierra de nadie. El Gobierno aparece después de los hechos, con comunicados tibios o consejos de seguridad que no resuelven nada. Mientras tanto, los líderes sociales siguen siendo asesinados, los jóvenes reclutados, los campesinos desplazados, y las instituciones cada vez más arrinconadas.
Desde la juventud conservadora, desde la voz de los que no nos resignamos, exigimos que el Cauca sea escuchado. Que no se nos siga usando como territorio de ensayo para procesos mal planteados. Que se nos proteja, no solo con pie de fuerza, sino con inversión social, con presencia real del Estado, con oportunidades para nuestros jóvenes, con seguridad jurídica para nuestros empresarios y con respeto por nuestras comunidades.
El Cauca no aguanta un bloqueo más. No más militares secuestrados. No más voces que intentan silenciar. No más carreteras minadas ni explosivos al borde del camino. No más indiferencia.
Colombia debe decidir si quiere seguir viendo al Cauca como un problema o asumirlo como una prioridad. Nosotros ya lo decidimos: vamos a defender nuestro territorio, con voz firme, con liderazgo y sin miedo.
