Julián Andrés Caicedo Ortiz
El Cauca atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. La violencia se ha desbordado en múltiples rincones del departamento, mientras las comunidades sobreviven entre amenazas, confinamientos y asesinatos selectivos. En lugar de disminuir, el conflicto se ha transformado en una guerra fragmentada y persistente, donde cada día hay nuevos actores armados disputándose el control territorial. Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha sido incapaz de articular una estrategia efectiva que garantice seguridad y dignidad para los caucanos.
La promesa de paz total ha chocado de frente con una realidad dolorosa: el Estado no ha logrado desescalar el conflicto armado en esta región. A pesar de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, titulado ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, los resultados en materia de seguridad son nulos.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han sido apenas una ilusión para las zonas más golpeadas por el conflicto. En el norte del Cauca, comunidades afrodescendientes e indígenas siguen resistiendo solas mientras el Estado se ausenta. Los anuncios de inversión y reconstrucción del tejido social se repiten año tras año, pero en la práctica, la militarización no ha logrado sustituir la falta de presencia institucional permanente ni frenar el avance del crimen organizado.
A esto se suma la fragilidad en la articulación interinstitucional. Mientras el Gobierno Nacional lanzaba decretos de cese al fuego, en el terreno los grupos armados extorsionan, reclutan y atacan a la población civil. Los alcaldes y gobernadores enfrentan el conflicto con recursos limitados y sin el respaldo real del nivel central. La estrategia de seguridad es reactiva, sin inteligencia territorial ni inversión social que permita construir una paz estable y duradera. En el Cauca, el discurso del gobierno contrasta con la crudeza de los hechos.
La percepción de abandono no es una narrativa política, es una evidencia cotidiana. Las carreteras se bloquean, los niños pierden clase por miedo a las balas, los hospitales se llenan de heridos y las familias entierran a sus seres queridos. El Gobierno Nacional debe entender que sin decisiones firmes, presupuesto y voluntad real, el Cauca continuará siendo epicentro de una guerra sin tregua. La vida no puede seguir dependiendo de visitas esporádicas. Se requiere presencia, justicia, inversión y paz con hechos, no con promesas.
Es momento de reconocer que la violencia en el Cauca no es un asunto periférico, sino una herida abierta en el corazón del país. Los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo deben pasar del papel a la acción. No se puede hablar de un nuevo país mientras se permite que regiones enteras se desangren. El Estado tiene una deuda histórica con el Cauca y está en mora de saldarla. Si no se actúa ahora, el futuro será aún más incierto, y la paz, solo un eslogan vacío.
