Walter Aldana Q.
Las expresiones de Andrés Pastrana, María Fernanda Cabal, Efraín Cepeda, Vicky Dávila y otros dirigentes políticos, señalando al presidente de la República como responsable del atentado me resultan groseras e irrespetuosas.
De igual forma, calificativos como “ratas de alcantarilla”, “muñecas de la mafia”, utilizadas por el presidente de la República contra representantes de la oposición, no aportan al debate de ideas, a la emulación, que es lo que hay de fondo.
Lo que está entonces en juego no es la mediocre creatividad del uso de calificativos, sino la controversia entre dos modelos económicos, sociales y políticos distintos y opuestos: uno, que protege los intereses económicos de los más adinerados, que ostentó el gobierno por más de 200 años, y mantiene el poder real y controla el congreso, las altas cortes de la justicia y los medios de comunicación; y otro, que despunta con un programa centrado en la urgencia de las reformas sociales, la defensa ambiental y la negociación de los conflictos armados, que obtuvo la mayoría en la elección presidencial de 2022.
Si bien sería irresponsable atribuir a la derecha política las acciones de alteración del orden público de los últimos días, es innegable que la oposición está generando la sensación de caos, lo cual alimenta su discurso que clama por seguridad. Mientras la característica de la narrativa alternativa del progresismo está basada en la palabra cambio, como idea, como concepción, como acción, el discurso de la oposición se caracteriza por el reclamo de seguridad.
Pero el caos no se expresa sólo en acciones armadas, atentados, intimidaciones y hostigamientos a poblaciones. La sensación de caos tiene un ingrediente, lamentablemente protagonizado por civiles, como el llamado del presidente del Senado a reuniones con la cúpula militar y de policía sin la presencia del presidente Petro, pretendiendo desconocer su calidad constitucional de comandante en jefe de la Fuerza Pública.
La decisión de nueve partidos de oposición de no asistir a la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, tema central de su reclamo de garantías electorales, y la amenaza de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revelan su pretensión de desconocer la representatividad otorgada en las urnas por el pueblo al presidente de la República de manera mayoritaria.
Por supuesto, a la oposición le asiste el derecho de exigir al gobierno que les brinde garantías plenas para el ejercicio de la política en el proceso electoral, lo cual no justifica una actitud que estimule la desinstitucionalización del país desconociendo la autoridad del presidente de la República, lo que formaría parte del “golpe blando” al que se ha referido el jefe de Estado. No se advierte en la oposición el interés por generar un clima normal de convivencia para el debate electoral, sino una clara intención de sacar provecho del lamentable y repudiable atentado contra la humanidad del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que estuvo precedido, entre otros, del ataque contra Jorge Eliécer Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca el 29 de mayo, apenas reseñado por los medios de comunicación regional.
Sin duda, es necesario crear un ambiente de garantías para el debate y la controversia política, que no significa deponer las ideas y motivos que el gobierno y la oposición tienen en la actual coyuntura política, sino eliminar los lenguajes de agresión y descalificación que han prevalecido.
La controversia entre los cambios sociales que promueve el gobierno y la resistencia de la oposición a las reformas tiene un escenario donde debería decidirse: Vamos a las urnas de manera limpia, y que seamos las y los colombianos quienes decidamos qué modelo deberá gobernar nuestra nación en adelante.
