El nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa marca todo un giro en la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Aunque el presidente ha defendido su estrategia por la Paz Total, el aumento de violencia en varias regiones del país demuestra que su enfoque tiene límites. La llegada de este nuevo ministro sugiere que el gobierno está dispuesto a hacer ajustes en su estrategia, poniendo en el puesto a una persona con experiencia en combate y labores en inteligencia, contrario al ministro anterior.
Sánchez ha anunciado medidas para fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia, lo que indica un enfoque más preventivo en la lucha contra los grupos armados. También señala las necesidades de modificar la Ley de Paz total, lo que podría significar restricciones a los beneficios jurídicos para insurgentes que no cumplan con los acuerdos. Asimismo, reconoce que las fuerzas militares enfrenta limitaciones por las reducciones de capacidades básicas y la falta de inversión. Lo que podría abrir puesta a un posible aumento en el presupuesto militar o a nuevas estrategias de despliegue.
Aunque este nombramiento no es un cambio total en la política de Petro, si demuestra la búsqueda por recuperar el control de la narrativa sobre la seguridad en un contexto de críticas de la oposición y la presión de la ciudadanía. Las negociaciones con los grupos armados han generado incertidumbre, y el aumento de la violencia en departamentos como Norte de Santander sirven para reforzar la percepción de que el Estado ha perdido el control en ciertas zonas del país, y aun más en las zonas periféricas donde el estado no tiene presencia.
En este contexto, la visita del expresidente Álvaro Uribe a Cúcuta, tras los atentados atribuidos al ELN, no es un gesto de simple solidaridad con las víctimas. La presencia de este en la región fronteriza es una movida política calculada para reforzar su discurso de que el país necesita una política de seguridad mucho más rígida. Uribe ha construido liderazgo con la premisa de que la seguridad solo se logra con mano dura, y las situaciones de crisis actuales le han dado la oportunidad de primera mano de posicionarse como el principal opositor.
Desde Cúcuta, Uribe lanzó duras críticas a la estrategia de seguridad del gobierno, asimismo, resalto el maltrato que están recibiendo las fuerzas públicas ha sido una de las causas del deterioro de la seguridad y pidió fortalecer la aviación militar, reconstruir la inteligencia y mejorar la seguridad jurídica de los miembros de las fuerzas públicas.
Más allá de las denuncias entabladas, la presencia de Uribe en Cúcuta tiene tres objetivos políticos claros. Primero, busca debilitar la credibilidad de Petro en seguridad, reforzando la idea de que el país está retrocediendo en esta materia. Segundo, pretende movilizar a su base política en regiones afectadas por el conflicto, donde su discurso de seguridad democrática sigue teniendo un gran impacto. Y tercero, está preparando el terreno para las futuras elecciones, donde la derecha intentará capitalizar el descontento ciudadano con el manejo de seguridad.
La coincidencia entre el nombramiento de Pedro Sánchez y la visita de Uribe muestra cómo la seguridad se está convirtiendo en tema central del debate político. Petro enfrenta el reto de demostrar que su gobierno tiene una respuesta efectiva ante la crisis sin renuncias a su visión de la paz. Uribe, por su parte sigue utilizando cada crisis para insistir en su modelo de seguridad como la única solución viable
La gran incógnita es si este ajuste en el ultimo año de presidencia de Petro será suficiente para reducir la violencia y recuperar la confianza de la ciudadanía o si, por el contrario, se trata de un movimiento tardío que no logrará contrarrestar la presión política y social.
