Por: Sebastián Silva-Iragorri
Hace unos días escribí sobre asuntos internacionales por la posible paz en el Medio Oriente con el plan del presidente Donald Trump, ahora me referiré al tema nacional.
Escuché la alocución del presidente Petro del viernes 3 de octubre realizada en Ibagué y debo decir claramente que fue una abierta participación en política electoral. Hay una descomunal ventaja de un presidente hablando e impulsando su partido y sus candidatos por todos los canales de televisión con audiencia casi obligada, frente a otros precandidatos sin esas posibilidades. Se nos dirá que aún no han empezado las fechas legales de campañas, pero resulta que esto es un aprovechamiento anticipado como ocurrió en las elecciones en que fue elegido el presidente Petro en que empezaron campaña pública antes de las fechas legales y presuntamente se violaron los topes electorales, además, según grabaciones, aprobaron desplazar la ética para atacar perversamente a los otros candidatos. Todas estas ventajas ilegales no pueden volverse a utilizar ahora y menos cuando el que impulsa una de las campañas es el propio presidente de la república, obligado por la Constitución y la ley a ser garante imparcial del certamen electoral. El presidente Petro desde Ibagué descubrió todas las cartas. Señaló despectivamente a los demás partidos. A los Conservadores los llamó re godos, a los liberales se les quiere apropiar de sus huestes para conducirlas al socialismo chavista y madurista, a los del Centro los llamó tibios y a su Pacto histórico lo declaró ganador con todo el apoyo del gobierno. Creo que esto es una intervención flagrante en política electoral. Instó a ganar el Congreso con la bandera de una Constituyente para la cual ordenó la iniciación de recolección de firmas. Descalificó con nombre propio a candidatos de los otros partidos y atacó a Magistrados y Congresistas que tienen reparos a sus reformas.
Las alocuciones presidenciales están sujetas a una serie de limitaciones constitucionales y legales y deben ser para informar a la ciudadanía de asuntos esenciales, prioritarios y urgentes de la marcha de la administración, en medidas para la protección del orden económico o la defensa de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos. Hay que revisar sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, allí se encuentran las directrices que indican que estas alocuciones no son ni absolutas ni ilimitadas y deben tener controles, por los órganos respectivos, como corresponde a un Estado Social de Derecho para garantizar el pluralismo informativo y evitar abusos o ventajas electorales. Incluso la palabra “Ilimitada” que figuraba en el artículo 32 de la ley 182 de 1995 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1172 de 2001. Fuera de las alocuciones que se presentan por todos los canales están los Concejos de Ministros que se trasmiten solo por los canales públicos y deben estar sujetos también a controles para evitar injerencias electorales. La campaña de Petro se está centrando en transportar ciudadanos desde diversos sitios, incluso se investiga si hay coacción a empleados o contratistas del gobierno para que asistan obligados a esas manifestaciones, además, parecen estar presentándose otra vez las primeras líneas con desórdenes y daños en las ciudades. Las bodegas pagadas también funcionan creando tendencias ficticias y engañosas. Grave es utilizar a ex paramilitares designándolos como gestores de paz en plena época electoral, por las posibles tentaciones dudosas de declarar contra candidatos y dirigentes opositores.
A todas estas la gran pregunta que surge es, ¿Dónde está el Procurador Nacional que es el facultado por la Constitución y la ley para hacer respetar las garantías electorales de toda la comunidad? Una sola frase del entonces presidente Carlos Lleras, que se interpretó como intervención en política, le valió una amonestación del Procurador Aramburo que el presidente Lleras aceptó.
Nuestro llamado es a que sucedan unas elecciones limpias precedidas por un certamen electoral con garantías para todos, donde funcionen los controles y derechos, para que así triunfe y se consolide la democracia.
