CARLOS E. CAÑAR SARRIA – carlosecanar@hotmail.com
El Artículo 103 de la Constitución Política colombiana, estipula la consulta popular como uno de los mecanismos de participación ciudadana, mediante el cual se pregunta si se está o no de acuerdo con algunos asuntos de interés colectivo, porque- a nuestro entender- en circunstancias concretas, el pueblo no está satisfecho con el papel que viene desempeñando el Congreso de la República. Y entonces el pueblo soberano, recurre a sí mismo y se auto representa.
Rousseau, considerado el padre de la democracia moderna, reconoce que la verdadera democracia presupone muchas virtudes y es difícil encontrarla en seres humanos, porque es un gobierno de dioses; es además un régimen político inseguro y expuesto a guerras civiles y revueltas internas; por lo cual requiere mayor vigilancia para que pueda mantenerse como tal. Entre los conceptos más queridos del pensador ginebrino, está el de voluntad general que incluye el origen popular del poder. En otras palabras, se refiere a un pueblo que se convierta en base del poder político o lo ejerza en forma directa, o para no aspirar demasiado, donde el pueblo pueda controlar su ejercicio, ya que Rousseau es acérrimo enemigo de la representación: “La soberanía es el ejercicio de la voluntad general, nunca se puede enajenar, y el soberano, que es un ente colectivo, sólo puede estar representado por sí mismo: el poder bien puede transmitirse pero la voluntad no”
La controvertida decisión de 8 senadores de 14 de la Comisión Séptima, al firmar una ponencia para archivar la reforma laboral, dió lugar a que el presidente Petro propusiera al país, la realización de una consulta popular relacionada con la aprobación de las reformas laboral y de salud; a su vez, no se descartaría incluir preguntas referentes a otros asuntos, como el reducir los monumentales sueldos de los congresistas, algo que desde hace tiempo se ha venido planteando y discutiendo pero no ha tenido eco en un Congreso renuente al cambio e indispuesto a desfavorecer sus privilegios.
El presidente Petro convocó a los trabajadores, a los sindicatos, a los pueblos indígenas y a todo el país a que el 18 de marzo, para presionar al senado la aprobación de la reforma laboral o que en su defecto, que este evento, sirva de antesala a lo que sería la consulta popular. El presidente declaró día cívico esta fecha para facilitar una asistencia masiva de los trabajadores, decisión que algunas regiones y localidades no acataron.
El camino de la consulta popular es complicado porque requiere de madurez política del pueblo, de un representativo número de votos y de una atmósfera social favorable donde no están exentos los partidos políticos, los medios de comunicación y las redes sociales.
Colombia requiere de un pueblo fuerte, superior a las circunstancias históricas, de una sociedad civil verdaderamente constituida ante eventos trascendentales como las consultas populares, que en tiempos recientes han sembrado muchos desconciertos; se perdió el plebiscito y ganó la guerra; se preguntó si se quería un país ético y ganó la corrupción. Por eso estamos como estamos.
En Colombia nos encontramos en una coyuntura política complicada, ya entró en la etapa final del actual gobierno, que ha reconocido que muchas de sus propuestas o metas no se han logrado por propias equivocaciones, por fallas en su gabinete, por los obstáculos de un Congreso que pone piedras al camino de las grandes reformas sociales y por la oposición de los sectores más retardatarios de la sociedad colombiana. Prácticamente ya comenzaron las campañas para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 y la temperatura política comienza a calentarse.
Esperamos que el presidente Petro logre alcanzar, en el escaso tiempo que le queda de gobierno, en un alto porcentaje su programa de economía social y lograr que su proyecto político pueda tener continuidad mediante otras figuras, porque contrariamente a lo que no pocos piensan, Petro no es maníaco por el poder y sólo irá hasta el 2026.
Hay tiempo para pensar también en depurar este Congreso renuente al cambio, mezquino y ajeno a los intereses colectivos; sobre todo, no reelegir a congresistas que en la práctica no representan a los sectores populares.
