Walter Aldana
Choque de trenes les llamó alguno; estrategia de presión, dicen otros. En fin, cómo calificar la disparidad de opiniones entre el Presidente de la República y su ministro de Defensa, en relación con el uso del Glifosato de nuevo en nuestro país para destruir los cultivos de coca.
Nuevamente la nube de desconfianza frente a la institucionalidad se cierne desde los territorios denominados enclaves de la producción de hoja de coca, donde las y los productores de coca, marihuana y amapola tienen sus cultivos en pequeñas extensiones de tierra para garantizar la supervivencia familiar.
Fue el pasado 9 de abril cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmo que volverá a utilizarse el herbicida: “nosotros queremos avanzar más fuerte en la línea de sustitución de cultivos, pero hay que cumplir con compromisos asumidos, vamos paralelamente avanzando en procesos de contratación”.
Difiere la declaración del ministro con lo expresado por el primer mandatario en el año 2021 en su cuenta de Twiter -hoy X-, sobre ese mismo asunto: “En el gobierno del Pacto Histórico, no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria. El Pacto Histórico es un pacto con las familias campesinas y con el agua”.
Pero en la página de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente [SECOP] aparece un proceso de contratación para “suministro de agroquímico para las operaciones de intervención a cultivos ilícitos, mediante el programa de aspersión terrestre PECAT, dentro de la estrategia que desarrolla la Dirección de Antinarcóticos en el territorio nacional”. El agroquímico que deberá ser suministrado es el plaguicida Glifosato 480 gr/litro, según el numeral 1 de la descripción de las condiciones técnicas mínimas del proceso de contratación.
De igual manera la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, hizo una declaración ambigua respecto de la fumigación con glifosato: “lo que está prohibido es el de aspersión aérea. Desde ese contexto se va a dejar como última política (la aspersión terrestre) y la primordial es la sustitución voluntaria”. En resumen: sí, pero no, y todo lo contrario.
No es de esta manera que se construye confianza en las comunidades, porque pareciera que la máxima es: aceptas la “erradicación voluntaria” o va el glifosato a la tierra.
¿Será el compromiso con los EEUU para ganar la certificación? Puede ser, pero a un costo muy alto, para el gobierno del cambio.
