Juan Camilo López
El próximo 19 de octubre, los jóvenes de Colombia volverán a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales de Juventud (CMJ). En teoría, se trata de un espacio de participación democrática, pensado para que las nuevas generaciones incidan en la toma de decisiones locales. En la práctica, sin embargo, esta elección llega con un ambiente de apatía y escepticismo que amenaza con repetir el escenario de hace cuatro años, cuando la mayoría de los consejos terminaron inactivos, fragmentados o simplemente olvidados.
No se trata de falta de entusiasmo juvenil, sino de un diseño institucional débil. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que regula estos espacios, requiere una reforma profunda. Fue una conquista importante en su momento, pero hoy evidencia vacíos legales, falta de recursos y escasa articulación con los gobiernos locales. Los jóvenes electos se encontraron en 2021 con la imposibilidad real de incidir: sin presupuesto, sin oficina, sin interlocución política ni acompañamiento técnico, muchos CMJ terminaron siendo apenas un acto simbólico.
El problema de fondo es que se creó una estructura sin músculo, un ejercicio de participación sin dientes, que en vez de empoderar terminó frustrando. En muchos municipios, los jóvenes elegidos no volvieron a sesionar; en otros, renunciaron ante la indiferencia institucional o la falta de claridad sobre sus funciones. Si algo demuestra esa experiencia es que no basta con elegir representantes jóvenes, se necesita garantizar que tengan condiciones reales para ejercer sus funciones de control, propuesta y veeduría.
Por eso, hablar hoy del 19 de octubre no puede reducirse a un llamado al voto. Debe ser una oportunidad para replantear el sentido mismo de los Consejos de Juventud. De nada sirve movilizar a miles de jóvenes si el sistema sigue siendo inoperante. Se requiere una reforma que:
- Establezca mecanismos de financiación y acompañamiento institucional.
- Defina competencias claras frente a los Concejos Municipales y las Alcaldías.
- Garantice representación efectiva en instancias de planeación y presupuesto participativo.
- Cree incentivos reales para la participación, como becas o formación en liderazgo.
De lo contrario, seguiremos viendo elecciones con baja participación, en las que apenas un porcentaje marginal del censo juvenil vota. Y ese es otro síntoma preocupante: la desconexión entre la política institucional y las nuevas generaciones. Las juventudes se movilizan, pero lo hacen fuera de los canales tradicionales, en causas ambientales, feministas, estudiantiles o digitales, donde sienten que su voz tiene más eco. Los CMJ, en cambio, les parecen una formalidad sin impacto.
A esto se suma la falta de liderazgo nacional sobre el tema. El Congreso y el Gobierno han dejado pasar la oportunidad de revisar la norma y ajustarla a la realidad de los jóvenes del siglo XXI, que exigen participación efectiva, no simulada. Hoy, más que un acto electoral, el 19 de octubre debería ser un llamado a la reflexión legislativa: si los consejos de juventud vuelven a fracasar, la culpa no será de los jóvenes, sino de un Estado que no supo hacer funcionar el mecanismo que creó para escucharlos.
El reto está, entonces, en dar sentido a lo que hoy parece inútil. Transformar los Consejos Municipales de Juventud en verdaderos espacios de incidencia política no solo revitalizaría la democracia local, sino que reconciliaría a toda una generación con la idea de que participar sí sirve. De eso depende que lo del 19 de octubre no sea otro ejercicio vacío, sino el punto de partida para una nueva política juvenil que funcione.
