Julián Andrés Caicedo Ortiz
La seguridad en el departamento del Cauca se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos meses, evidenciando la inacción del Gobierno Nacional y la falta de estrategias efectivas para enfrentar la creciente violencia. El pasado 28 de marzo, las disidencias de las FARC perpetraron ocho ataques simultáneos en la región, dejando un saldo trágico de un soldado muerto y más de 80 heridos, 20 de ellos en estado grave. Estos hechos demuestran la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y controlar a los grupos armados ilegales que operan impunemente en el territorio.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la situación humanitaria en Colombia ha alcanzado su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz en 2016. En 2024, se registró un incremento del 89% en las víctimas por artefactos explosivos en comparación con el año anterior, afectando principalmente a regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar. Estas cifras reflejan la falta de una política de seguridad coherente y efectiva por parte del Gobierno Nacional, que ha permitido el resurgimiento de la violencia en zonas previamente afectadas por el conflicto armado.
A pesar de la evidente crisis, el presidente Gustavo Petro y su administración han mostrado una preocupante pasividad. Aunque han condenado públicamente los actos terroristas, sus acciones han sido insuficientes para contener la escalada de violencia. La falta de una respuesta contundente y la ausencia de medidas concretas han generado desconfianza en la población, que se siente abandonada y desprotegida.
En contraste, la Fuerza Pública y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, han demostrado un compromiso notable con la seguridad del departamento. El gobernador ha solicitado insistentemente apoyo al Gobierno Nacional para enfrentar la creciente violencia, evidenciando su preocupación y dedicación hacia la protección de los caucanos. Sin embargo, sus esfuerzos se ven limitados por la falta de respaldo y recursos por parte del Ejecutivo.
El nuevo secretario o secretaria de Gobierno Departamental enfrenta desafíos monumentales. Es imperativo que desarrolle estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, fortalezcan la presencia institucional en las zonas más afectadas y promuevan el desarrollo social y económico. Además, debe coordinar acciones con la Fuerza Pública y las comunidades locales para recuperar la confianza y garantizar la seguridad en los territorios.
Para avanzar hacia la seguridad y la paz en el Cauca, es esencial implementar políticas que combinen el fortalecimiento de la presencia estatal con programas de desarrollo sostenible. La inversión en educación e infraestructura son fundamentales para ofrecer alternativas a las economías ilegales que alimentan el conflicto. Asimismo, se deben establecer mecanismos de diálogo y participación ciudadana que permitan a las comunidades ser protagonistas en la construcción de la paz.
Es pertinente cuestionarse: ¿a quién beneficia la perpetuación de la violencia en el Cauca? La respuesta apunta a los grupos armados ilegales y a aquellos que se lucran del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, la inacción del Gobierno Nacional y el silencio de los representantes del Pacto Histórico en la Asamblea Departamental y la Cámara de Representantes resultan igualmente cómplices. Su falta de pronunciamiento ante el incremento de la violencia y la evidente desidia del presidente Petro reflejan una desconexión alarmante con las realidades del departamento y una traición a las promesas de cambio y seguridad que hicieron a sus electores.
La situación en el Cauca es insostenible y exige acciones inmediatas y decididas. El Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad y trabajar de la mano con las autoridades departamentales y locales para devolver la tranquilidad a una región que ha sufrido demasiado. La paz no se construye con discursos vacíos, sino con hechos concretos que transformen la realidad de quienes han sido históricamente olvidados. Cauca resiste y Bogotá Calla, el silencio también es complicidad.
