Sin duda, el mecanismo de tomarse las vías para presionar a las autoridades nacionales, regionales o locales hizo metástasis y ya está establecido en todos los niveles de la comunidad, como el recurso más efectivo para alcanzar el objetivo sin medir las consecuencias. No sobra repetir que en el código penal está consagrado como delito. En Colombia, la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público es un delito tipificado en el Artículo 353A del Código Penal. Este artículo sanciona a quien, por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, siempre que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
Como las columnas de opinión tienen la virtud de permitir hacer públicos los asuntos que de alguna manera interesen a la comunidad, aprovecho este espacio para denunciar públicamente el atropello cometido el pasado jueves 24 del mes en curso, por los alumnos de un colegio ubicado al norte de la ciudad, quienes no tuvieron ningún inconveniente en atravesar pupitres, asientos y muebles escolares en plena Avenida Panamericana, en las primeras horas de la mañana, y bloquear nada menos que la entrada norte a la ciudad, unos metros más arriba de la sede norte del SENA y antes del Centro Comercial Terraplaza.
Los muchachos (as), sin ninguna vergüenza, con el uniforme del colegio, se apostaron a lo ancho de la vía en ambos carriles, con los muebles escolares, y como en un juego de niños, se divertían y jugaban entre ellos, sin importar el infinito trancón vehicular que armaron y sobre todo sin preocupación alguna de los perjuicios enormes y desconocidos que podrían estar causando a innumerables personas. En mi paso a pie, por en medio de los obstáculos atravesados, creo haber oído algo así como: “… necesitamos profesores…” y otra suerte de gritos y exclamaciones un poco grotescas.
No es necesario abundar en la descripción de la escena para retratar el disgusto de los conductores y peatones que transitaban por el sector, pretendiendo entrar y/o salir de la ciudad o movilizarse por la zona. Desde luego, el comentario general era sobre la carencia absoluta de autoridad, seguramente de la alcaldía o de los encargados del tránsito, que permiten que esto suceda… Pero yendo un poco más allá, la responsabilidad del delito (ya definido en párrafo anterior) también es compartida por las directivas del establecimiento educativo involucrado en este atropello ciudadano. ¿Qué clase de formación frente a los valores cívicos están recibiendo estos adolescentes? ¿Podría decirse que les están inculcando la noción del respeto por los demás?… y varios interrogantes más.
Podría adicionar muchos renglones hablando del atropello y sus consecuencias contra los demás ciudadanos y agravando el panorama circundante, pero de lo que se trata es de la inexorable reflexión sobre los alcances que han permitido las autoridades ciudadanas y las escolares, en cuanto a los atropellos y la agresividad que están aprendiendo estos adolescentes. Más adelante, en el discurrir de la vida, iremos a preguntarnos y a sorprendernos por las causas de la violencia y los hechos inaceptables e intolerables. Y la respuesta la hemos recibido con anticipación, en casos reales y prácticos como este, aprendidos en la escuela…
No sé cuántas horas de la mañana o del día duró la obstrucción -lo cual ya es irrelevante-. Lo casi dantesco era ver las imágenes de niños imberbes, con sus uniformes escolares (sudaderas rojas), jugando a atropellar a la ciudadanía, arrastrando los muebles escolares, atravesándolos en la calle y afrentando a los usuarios de la vía, de quienes me hago vocero a través de estas líneas del periódico. Tampoco sobra sugerir la investigación que debería desprenderse de esta queja formal, elevada ante la opinión pública y que, de oficio, debería abrir el ente oficial interesado. Ojalá se diera la lección…
