La situación de seguridad en el Cauca es alarmante. En lo que va del año, la región ha sido escenario de múltiples enfrentamientos armados debido a la persistente presencia de grupos ilegales que ejercen un férreo control territorial. Esta realidad genera una profunda preocupación tanto a nivel local como nacional.
El Cauca atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años. Ataques con drones contra la población civil, niños utilizados para transportar explosivos y un 67 % de los municipios en alto riesgo son solo algunas de las alarmantes cifras que reflejan la magnitud del conflicto. Según un informe de la Procuraduría General de la Nación, el 42 % de los eventos que alteraron el orden público en el departamento durante el primer semestre de 2024 estuvieron dirigidos contra la población civil. Con la presencia activa de grupos armados ilegales como el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Frente Yair Bermúdez, el departamento se ha convertido en un escenario de disputa territorial, control de economías ilícitas y vulneración sistemática de los derechos humanos.
Uno de los municipios afectados por esta violencia es Inzá, donde los combates entre distintos grupos armados son constantes y la población civil queda atrapada en medio de esta espiral de conflicto. Los líderes indígenas han sido blanco de asesinatos selectivos, mientras que el reclutamiento forzado de menores se ha convertido en una práctica habitual. En los últimos días, la crisis ha alcanzado niveles alarmantes con los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública en sectores como San Antonio de Pedregal y la vereda San Miguel. La población civil, atrapada en medio del fuego cruzado, vive con el temor constante de que una bala perdida o una explosión termine con sus vidas. Las comunidades indígenas han emitido alertas sobre el grave riesgo que enfrentan y han exigido el respeto por la vida de sus habitantes y el cese de las hostilidades. Mientras tanto, las familias se ven obligadas a resguardarse en sus hogares, interrumpiendo sus actividades diarias y limitando su movilidad. La incertidumbre y el miedo se han convertido en una rutina para los pobladores de esta región, que una vez más deben enfrentar el impacto directo de un conflicto que parece no tener fin.
Históricamente, Inzá ha sufrido las consecuencias de esta violencia. Un ejemplo emblemático fue el atentado con carro bomba perpetrado por las FARC en 2013 en la plaza principal del pueblo, un hecho que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de la comunidad.
En los últimos meses, la incertidumbre y el miedo han vuelto a apoderarse de la población. Se ha retomado la zozobra con la que se vivía en años anteriores: la necesidad de resguardarse en casa antes de las 6 p.m., la angustia permanente de no saber en qué momento ocurrirá una nueva tragedia y la lucha diaria por proteger a los niños de un conflicto que parece no tener fin.
El miedo no es algo normal, pero en Inzá se ha normalizado. La sensación de vulnerabilidad permanente no es un estado natural, sino la consecuencia de fallas institucionales históricas y la compleja geopolítica de los grupos armados en la región.
En lo que va del 2025, los enfrentamientos entre los distintos actores armados han ido en aumento. La coexistencia de actores armados en la zona ha desatado disputas territoriales que impactan directamente a la población civil. El cobro de extorsiones, conocidas como “vacunas”, es una práctica común: quienes transitan por las carreteras deben pagar para movilizarse, y los comerciantes viven bajo una presión constante.
Los principales afectados por este conflicto son los niños. La educación en las zonas rurales del municipio es precaria: los caminos de acceso son difíciles, la presencia de grupos armados impide la enseñanza adecuada y los docentes, además de enfrentar riesgos, también son víctimas de extorsión.
Inzá sigue resistiendo, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo?
