Mg. Carlos Horacio Gómez Quintero.
Lo acontecido con las actuaciones delictivas de los congresistas David Name y Andrés Calle, quiénes por decisión de La HCSJ han sido capturados, ante la presunción de la comisión de execrables delitos, definitivamente obligan a expresar con énfasis, nuestra inconformidad con las prácticas de corrupción adueñadas del manejo perverso de las esferas de poder, por parte de una clase política que para nada se desmarca de tales atrocidades, independientemente de la motivación ideológica u organización política que representen.
No es posible que en nuestra patria, urgida de buenas y eficaces prácticas de gobierno, se sigan repitiendo las actuaciones propiciadas por contubernios que, partiendo de la aplicación más insistente del puro clientelismo, hoy nos muestren un detestable ejercicio de desmoronamiento de la confianza en la institucionalidad, al enterarnos con mayores argumentos y evidencias, que los trámites de aprobación de la agenda legislativa del gobierno se promocionaron e impulsaron desde el poder central constituido, mediante jugosas y atractivas coimas entregadas a los directivos del Congreso bicameral, es decir del Senado y de La Cámara de Representantes. Y aquí no sirven para nada, las interpretaciones mordaces intentadas para celebrar las supuestas actuaciones de unos, empeñados en demostrar que persiguen y destapan las prácticas putrefactas u otros, afanados solamente en endilgar responsabilidades a los demás, con el solo prurito de explotar politiqueramente un terrible mal de sociedad. Aquí la única verdad que, muy seguramente se ratificará desde los trámites procedimentales del organismo competente, es que El Gobierno, a través de altísimos voceros salidos de su propia estructura y utilizando recursos públicos, pagó por anticipado los resultados del impulso a su agenda legislativa, necesaria para concretar decisiones afectas a sus intereses. Esa es la verdad honda y lironda. El resto, es la continuidad de la también enquistada costumbre de aprovechar los medios de comunicación para la promoción de imagen y el uso de los mismos recursos públicos para engendrar mensajes que confunden, que siembran cizaña, que siguen erosionando la unidad nacional y que por supuesto, les permiten sobrevivir electoralmente, situación que en la actualidad ha sido especialmente notable y dominante. No hay derecho a que esto se siga presentando, sea quien sea el que se encuentra al frente de las grandes responsabilidades estatales, como tampoco hay derecho a que la sociedad colombiana siga siendo una simple masa expectadora de lo que sucede y que si bien se retuerce de ira e indignación, también, ante el primer soplo de los vientos provenientes del agitar de bandera en nuevos procesos electorales, vuelve a mostrarse erguida e impetuosa para seguir sosteniendo lo que, en sus momentos, con valor civil y con razones cuestionamientos.
Puesto que, con esta clase de aberraciones, el futuro se sigue insinuando con la terrible tendencia de empeorar, es necesario abandonar las posiciones de lamentos y críticas mediáticas y a cambio de ello, empezar a razonar sobre lo que debemos, no solo intentar, sino hacer, en nuestra condición de ciudadanos portadores del valor soberano para generar poder, el que nos faculta para construir nuestro propio destino. Algunos referentes para ese análisis son los siguientes:
Demostrado está, con creces y múltiples expresiones que, tanto los partidos políticos tradicionales, como los llamados alternativos o, la ultraderecha y el progresismo como dicen ahora, han fracasado en el intento o decisión de resolver los problemas estructurales del país y que, en su afán de mostrar diferencias, solo han aplicado por igual la sentencia de obscurecer lo que los otros hacen. Los recursos se han gastado o mejor dilapidado y prueba de ello es que los efectos de esas inversiones no se sienten y en poco se han transformado los indicadores sociales. Los gobiernos colombianos, sin excepción, no han ofrecido soluciones de fondo, solo han estructurado excusas con rimbombantes frases y mensajes para cautivar incautos y alienados seguidores.
La corrupción ha estado presente en todos los gobiernos, solo diferenciándose en su forma de aplicación, pero siempre con el faro luminoso que les otorga el modelo clientelista que sentencia: “Yo lo hago, pero a cambio de ….”, que, por lo general es dinero o cuotas burocráticas o adiciones de poder.
El descontento ciudadano es generalizado. Las democracias están experimentando “la fatiga de las instituciones tradicionales” dice Moisés Naím, quien sostiene que las estructuras clásicas del poder están siendo cuestionadas por una ciudadanía que ya no se conforma con la representación formal, sino que exige resultados concretos, eficiencia y transparencia. Esa presión es visible en la calle, en las redes sociales y en las encuestas de confianza institucional.
La representación popular, en cabeza de la clase parlamentaria, lejos de interpretar el sentir ciudadano y ser abanderada del riguroso Control Político que impida el abuso del poder y del presupuesto, solo ha servido para reproducir la infame posición de condicionar sus actuaciones y decisiones a la entrega de prebendas y a la emisión de decisiones que soporten su permanencia en espacios en los cuales gozan de atractivos privilegios.
Los retos gubernamentales, adoptados en Los Planes de Desarrollo derivados de Los Programas de Gobierno utilizados en campañas políticas, en últimas se han coinvertido en el compendio de demagógicas intenciones atadas a los idearios que promocionan y defienden y que pretenden imponer a costa de lo que sea y al costo de lo se pida en contraprestación para aprobar.
En resumen, estamos en un punto crítico. La corrupción, la violencia, el desempleo, la precariedad de los servicios públicos y la crisis institucional, entre otras manifestaciones de incomodidad generalizada, requieren respuestas urgentes, pero también estructurales. Se requiere capacidad para mirar más allá de la coyuntura y trazar un camino diferente. No se trata de inventar el agua hervida, pero sí de adaptar experiencias exitosas con pragmatismo.
Que hacer entonces con situaciones como la que tristemente nos han deparado los granujas Name y Calle?. Hay que insistir, sin temor alguno, en una estrategia de gobernanza centrada en el equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social, promoviendo la innovación, la educación y la inclusión como pilares del desarrollo. Hacerlo significa la presencia de un Estado moderno, con tecnología que simplifica trámites, con transparencia en la contratación pública, con una justicia más eficiente y cercana, con un enfoque más estratégico para fomentar el emprendimiento y atraer la inversión y con respaldo ciudadano para actuar con firmeza en la lucha contra las mafias, la narco subversión disidente e indolente y el crimen organizado, sin caer desde luego, en militarismos ciegos. Complementario a ello y pensando en la adopción de una visión de mediano y largo plazo, encontramos la mejor opción para superar las lógicas clientelares y corporativas que nos impone la clase política. Necesitamos verdaderos voceros de los intereses comunitarios y para ello es básica la cultura política que promueva liderazgos proclives a comprometerse con la capacidad de adaptarse al nuevo mundo, con la generación de comunidad y ciudadanía y con la representación debida de los intereses colectivos. Y lógicamente, todos sin excepción, deben incluir en sus actuaciones al sector privado y a la sociedad civil como aliados, desechando definitivamente el concepto de que son adversarios.
Ojo: No podemos seguir dándonos el lujo de más improvisaciones. El hartazgo ciudadano no es solo ruido; es una señal que nos envían, expresando la necesidad de gobiernos útiles y responsables. No atender ese sentimiento profundo, es repetir las oportunidades para que sigan vigentes las locuras mayores que nos violentan, maltratan y ultrajan y las actuaciones perversas de quiénes presumen ser los titulares de nuestra representación.
