Por Felipe Solarte Nates.
Mientras el gobierno colombiano, como país socio extracontinental de la alianza militar del Atlántico Norte, OTAN, siguió adelante con el proyecto norteamericano de habilitar una base militar y centro de vigilancia en la isla caucana de Gorgona, mediante la instalación de un potente radar y otros equipos; los dirigentes e industriales de las potencias contaminantes y grandes consumidoras de minerales y recursos naturales provenientes de países como el nuestro, poco les interesa cumplir con los acuerdos firmados después de las COP, como la recientemente celebrada en Cali.
A pesar de que la “Dana” arrasando los alrededores de Valencia, España, nos recordaba que el calentamiento global no es un invento de ambientalistas, y causaba más de 300 víctimas, prefirieron enfocar sus presupuestos en nuevas armas ofensivas y defensivas para futuras grandes guerras y ensayarlas en conflictos regionales como los de Ucrania, Gaza y el Líbano.
Delegados de países más ricos, contaminantes y mayores destructores de la biodiversidad, a la hora de cumplir promesas de invertir para detener el creciente “genocidio” y exterminio de especies vivas, se hicieron los locos y ofrecieron migajas en comparación a los 700.000 millones de dólares que prometieron reservar desde la anterior COP15, celebrada en Montreal, Canadá.
El consuelo para Colombia y países latinoamericanos fue que anunciaron algunas de esas migajas, pero hay que esperar y gestionar para que cumplan, como por ejemplo, los 30 millones de dólares anunciados por Noruega, cifras importantes prometidas por Alemania y 300 millones de dólares en créditos a bajos intereses anunciados por el Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF) para programas de protección a la biodiversidad amenazada en Colombia y varios países vecinos.
Los beneficios más inmediatos, los ganó en imagen positiva tanto el país, como el Valle del Cauca y Cali, que recibió ingresos extras por cerca de $112.000 millones, catapultándose como centro de inversiones y turismo, reviviendo el espíritu cívico que caracterizó a sus habitantes, achicopalados después del impacto del estallido social durante el gobierno de Duque.
Como una gran feria dispersa por el boulevard del río, las plazas de Caicedo, San Francisco y diferentes sitios de Cali, varios departamentos como el Cauca, organizaron atractivos pabellones y entidades públicas y privadas aprovecharon para promocionar sus programas ambientales, mientras microempresarios, procesadores de alimentos y artesanos, exhibieron y vendieron sus productos.
Además de los indígenas, por lo menos en el papel, fueron reconocidas las comunidades afrodescendientes como protectoras de los ecosistemas amenazados.
No asistieron representantes de los Estados Unidos que no se ha vinculado a la COP.
Se hicieron los locos delegados de los países más ricos y contaminantes, que, con sus crecientes demandas de oro, cobre, coltán, litio y otros minerales, son los principales promotores de la destrucción de selvas en la Amazonia, el Choco biogeográfico, el África y sus ríos y océanos con su biodiversidad amenazada. También principales beneficiarios gratuitos de la biotecnología y secuencias genéticas derivadas de investigaciones clandestinas realizadas en selvas y océanos de países tropicales como Colombia.
No llegaron a consensos concretos a la hora de cumplir las promesas de compartir con los países biodiversos una mínima parte de las ganancias de los productos industriales, alimenticios y farmacéuticos obtenidos de investigaciones realizadas en ricos ecosistemas tropicales como el nuestro.
Semanas antes de la inauguración del evento, en departamentos como el Cauca y en Popayán, los organizadores promovieron asambleas y reuniones para que comunidades urbanas y rurales discutieran sus problemas ambientales y plantearan posibles soluciones.
Así, los habitantes del Macizo Colombiano, la bota caucana y la costa Pacífica, volvieron a denunciar la amenaza latente sobre sus bosques, ríos y tierras aptas para la agricultura, por las numerosas licencias aprobadas desde los gobiernos de Uribe y Santos, autorizando a varias multinacionales a que exploten a gran escala oro y otros minerales, mientras los mineros ilegales acaban con el curso y la vida de los ríos y junto a los procesadores de coca contaminan suelos y aguas con sus residuos, a la par que los grupos armados que se lucran de los negocios amenazan, desplazan y matan a líderes indígenas, afros y campesinos que se oponen a estas actividades y a que les recluten a sus hijos adolescentes.
No prosperó la disparatada idea de declarar el monocultivo de la caña de azúcar, como patrimonio ecológico y paisajístico de la región, aunque se registró un anuncio positivo por parte de ASOCAÑA, acerca de la futura protección de corredores biológicos a lo largo de las orillas de los ríos que surcan el Valle del Cauca desde Quilichao al sur hasta Cartago al norte.
