Juan Pablo Matta Casas
En un discurso sentido y contundente, durante la conmemoración del 39 aniversario de la toma del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, resaltó la importancia de abordar este trágico evento con total transparencia y sin distorsiones.
El 6 de noviembre de 1985, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, un grupo de siete personas armadas, vestidas de civil y pertenecientes al M-19, logró ingresar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Dos de ellos se ubicaron en la Secretaría del Consejo de Estado, dos en la Secretaría de la Sección Tercera, dos en la cafetería, y una mujer en el cuarto piso. Posteriormente, otro grupo de veintiocho guerrilleros entró en tres carros por el parqueadero del Palacio, a sangre y fuego indiscriminado.
A partir de la 1:00 p.m. del mismo día, la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros. La sangrienta y prolongada batalla causó numerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el empleo de armas automáticas, bombas y explosivos.
En medio del holocausto, murieron todos los guerrilleros del M-19 y varios miembros de la fuerza pública: el capitán Héctor Aníbal Talero Cruz, su radio operador Ricardo Sotomayor, el teniente Sergio Villamizar, el subteniente José Fonseca Villada, el sargento primero Jaime Benítez; los agentes de policía Jaime Portilla Franco, Jaime Rodríguez Vivas y Alcibiades Baquero Turriago; los agentes del DAS José Gerardo Malaver y Everardo Bermúdez García; y los detectives del F2 Ramón León Ariza, Saúl Chavarría Salamanca y Libardo Durán.
El magistrado Chaverra pone el dedo en la herida, una herida histórica para la justicia, el estado de derecho y la sociedad colombiana en general. Los hechos se tratan de distorsionar en medio de la batalla por la narrativa histórica que quedará para la posteridad, pero que nos corresponde a todos proteger, para que las nuevas generaciones no romanticen acciones violentas y terroristas.
En los últimos días, el presidente Petro ha venido trabajando en la tarea de consolidar el revisionismo histórico sobre el papel del M-19 en las décadas de los 70 y 80, llegando incluso a condecorar a miembros de esa organización al lado de nuestros soldados y policías.
A eso se refiere el doctor Chaverra: que eso no es viable, ni moral, ni mucho menos deseable. Que la sociedad haya logrado una negociación política con el M-19 no implica que sus actos se hayan olvidado, ni mucho menos perdonado. Tampoco puede implicar que se traten de justificar hechos como el del Palacio de Justicia, cuando incluso Pizarro y toda su dirección reconocieron el error de haberlo cometido.
Los hechos fueron brutales, la acción guerrillera fue demencial y la batalla cruenta y dolorosa. Sus resultados, de los que nunca se recobrará parte del alma de la nación, son muy dicientes. Por la operación iniciada por el M-19, terminaron siendo sacrificados los juristas más respetados del momento, así como personas buenas que trabajaban o visitaban la Corte Suprema ese día.
Si el M-19 no hubiera intentado tomar el Palacio de Justicia, si sus miembros se hubieran rendido al verse perdidos, las vidas de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Fanny González Franco, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil; los magistrados auxiliares Lizandro Juan Romero Barrios, Carlos Horacio Urán Rojas y Emiro Sandoval Huertas; los auxiliares María Teresa Muñoz de Jiménez, Hermógenes Cortés Nomelín, Isabel Méndez de Herrera, Cecilia Concha Arboleda, María Cristina Herrera Obando, María Lida Mondol de Palacios, Rosalba Romero de Díaz, María Janeth Rozo, Ruth Mariela Zuluaga de Correa, Ana Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora, Nury Gutiérrez de Piñeres, Aura María Nieto de Navarrete, Blanca Inés Ramírez de Angulo, Jaime Alberto Córdoba Ávila, María Teresa Barrios Rodríguez; y los empleados de las instalaciones Luis Humberto García, José Eduardo Medina Garavito, Plácido Barrera Rincón, Jorge Tadeo Mayo Castro, Gerardo Díaz Arbeláez, Carlota Sánchez de Monsalve, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, no se habrían truncado.
Hago un homenaje a las víctimas de este triste hecho, 39 años después, para apoyar lo dicho por el presidente de la Corte: que jamás se romantice el dolor que ha padecido la patria por una terrible decisión de quienes comandaban el M-19 en ese momento de la historia.
