Por Eduardo Nates López.
Hoy, cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre un suceso ocurrido hace 40 años, que sacudió los más profundos sentimientos por los valores patrios y de la historia nacional de Colombia, como la sangrienta toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, a manos del grupo terrorista M-19.
Cuarenta años sirven para para desarmar prevenciones, versiones sesgadas y muchos intereses políticos y de cualquier orden, aunque todavía haya dudas en la investigación oficial y algunas incongruencias con personas desaparecidas y/o con la identificación de cuerpos y restos encontrados. Pero el hecho como tal, sus causas, sus autores intelectuales y financiadores, sus ejecutores materiales, las reacciones y muchos otros componentes del atroz delito y sus consecuencias sociales, políticas y de diverso orden, están casi perfectamente determinadas.
No se trata de reescribir una nueva versión de los hechos, como sí pretenden algunos integrantes y/o admiradores del grupo insurgente buscando distorsionar la realidad para darle significados diferentes y convenientes. La verdad de lo que ocurrió está dicha y documentada con filmaciones, testimonios, testigos y muchas pruebas más. Es verdad tozuda e inmodificable. Lo que sucede ahora es que la infeliz coincidencia de que cuarenta años después de los hechos, un reconocido integrante del grupo guerrillero ejecutor, ocupe la Presidencia de Colombia, le da una connotación muy especial. (Aunque no participó en la escaramuza por estar preso en Zipaquirá, no está eximido de la responsabilidad política).
Cerca de cien muertos, entre magistrados, funcionarios, contratistas, militares, policías, guerrilleros etc., no es un simple número de víctimas de un asalto. Lo grave es: El teatro de los acontecimientos escogido: “El templo de la Justicia”. Es la causa del asalto: La desaparición de pruebas, sentencias, proyectos de sentencias y, en general el archivo histórico y la conciencia jurídica de la Jurisprudencia Nacional y el escarmiento anticipado de una decisión a tomar, sobre la figura de la extradición. Es el financiador del asalto: El narcotráfico, encabezado por el capo de capos. Es la reacción del gobierno de entonces: atemorizado y confundido. Es la reacción militar y de policía: fuerte (como debía ser) pero sin la elasticidad inteligente y estratégica de preservar la vida de los rehenes… Son muchos componentes, que todavía gravitan sobre la vida social, económica y política de Colombia. Es el dolor que aun palpita en el alma de los familiares de las víctimas del holocausto y en todos los colombianos. Es el recuerdo del humo que cubría el cielo de la capital y el desfile de cadáveres saliendo por las puertas de los edificios… Son esas imágenes dantescas e inolvidables, viendo arder la “Justicia Colombiana”…
Por esta descripción (repetitiva e incompleta) de los hechos, me parece inadmisible y presuntamente delictuoso que Petro, como presidente de la República, además de agredirlo por su color de piel, le haya dicho al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Gerson Chaverra, mirando un dibujo alusivo a estos hechos, hace unos meses, que: “la Toma del Palacio de Justicia había sido una “genialidad” de su movimiento guerrillero M-19”. Igual de afrentoso es que, cada que puede, desde los estrados presidenciales haga homenajes a ese grupo insurgente y ensalce la “bandera de guerra” de esa organización criminal. Solo Petro, para favorecer al criminal Almarales, se atreve a negar la autoría de este en el asesinato del magistrado Gaona Cruz. Por fortuna para la historia, sus hijos lo han dicho claro ahora. Y, antes, los magistrados sobrevivientes de esa toma cobarde.
Cuarenta años después, podemos apreciar los inconvenientes de los generosos indultos de que fueron objeto los miembros de esa banda, M19, apoyada por Pablo Escobar, cuya bandera debe ser un recuerdo ingrato del crimen y el horror. La narrativa oficial no puede borrar el pasado criminal de ese grupo. Ni en el Cauca, nos olvidamos de la masacre de Tacueyó, ni el asesinato del magistrado payanes Medina Moyano, en el palacio.
Produce esperanza que la ONU y Rusia se hayan puesto de acuerdo para limitar el alcance de la misión de observación de la JEP. No podían consentir impávidos el camino de impunidad que ese tribunal les está pavimentando a los cabecillas de las FARC.
