El secretariado de las extintas FARC busca agrupar todos sus crímenes en un solo juicio, lo que genera preocupaciones sobre el acceso a la verdad y los derechos de las víctimas. ¿Es este un paso hacia la reconciliación o una forma de evitar el escrutinio público prolongado?
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente renuncia a la presunción de inocencia por parte del secretariado de las extintas FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones para la justicia transicional en Colombia. Este gesto, presentado como una manera de acelerar los procesos judiciales, tiene un impacto significativo tanto para los máximos responsables como para las víctimas del conflicto armado. Para comprender las dimensiones de esta solicitud y sus consecuencias, es crucial revisar varios aspectos clave de la JEP y su funcionamiento, comenzando por su misión y los macrocasos que ha abierto.
Misión de la JEP
La JEP es un componente central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Su mandato es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, priorizando aquellos que constituyen violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra o lesa humanidad. Entre sus objetivos principales, se destacan:
– Buscar la verdad sobre lo sucedido.
– Garantizar la reparación a las víctimas.
– Contribuir a la paz y la reconciliación.
El enfoque de la JEP es restaurativo, buscando la participación activa de los responsables en el esclarecimiento de la verdad y en la reparación a las víctimas, a cambio de sanciones reducidas, siempre y cuando se aporte verdad plena y se acepte responsabilidad.
Delitos investigados por la JEP
Los crímenes que investiga la JEP incluyen aquellos que, debido a su gravedad, afectan a un gran número de personas y tienen implicaciones profundas para la sociedad colombiana. Entre estos se encuentran:
– Secuestro y toma de rehenes.
– Reclutamiento forzado de menores.
– Ejecuciones extrajudiciales.
– Violencia sexual y esclavitud.
– Desplazamiento forzado.
Estos delitos no solo tienen una dimensión individual en cuanto al daño infligido a las víctimas, sino también una dimensión colectiva, afectando a comunidades enteras.
Quiénes son investigados: los máximos responsables
La JEP investiga a los máximos responsables de estos crímenes, aquellos que ocuparon posiciones de liderazgo en estructuras armadas o estatales, y que tomaron decisiones estratégicas que facilitaron la comisión de estos delitos. En el caso de las FARC, esto incluye a su antiguo secretariado, compuesto por figuras como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Sin embargo, la JEP también investiga a mandos intermedios y otros actores clave que participaron en la ejecución de los crímenes.
Los macrocasos abiertos por la JEP
Hasta la fecha, la JEP ha abierto 11 macrocasos que investigan hechos sistemáticos y de gran magnitud cometidos por distintos actores durante el conflicto armado. Estos son:
– Caso 01: Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad (secuestros). Este caso se enfoca en el secuestro masivo cometido por las FARC como una estrategia de guerra para obtener recursos financieros y ejercer presión política. Este es el único macrocaso cercano a recibir una sentencia definitiva.
– Caso 02: Situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño). Este caso investiga graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en esta región, afectada por la presencia de múltiples actores armados, tanto estatales como guerrilleros y paramilitares【9†source】.
– Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate (falsos positivos). Este caso se centra en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de bajas【8†source】.
– Caso 04: Situación territorial de Urabá. Enfocado en la región de Urabá, este caso investiga masacres, desplazamientos forzados y otros crímenes cometidos tanto por las FARC como por paramilitares y agentes estatales.
– Caso 05: Victimización de miembros de la Unión Patriótica. Este caso investiga el genocidio político sufrido por los miembros de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda que fue objeto de asesinatos sistemáticos y desapariciones forzadas.
– Caso 06: Victimización de pueblos y territorios étnicos. Este caso examina los crímenes cometidos contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que fueron especialmente vulnerables durante el conflicto.
– Caso 07: Reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. Este caso investiga el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC, una de las prácticas más condenadas a nivel internacional.
– Caso 08: Crímenes sexuales y de género. Se centra en los delitos de violencia sexual cometidos durante el conflicto, que incluyen violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia con enfoque de género.
– Caso 09: Crímenes cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Investiga los asesinatos y ataques sistemáticos contra líderes sociales, muchos de los cuales ocurrieron en áreas bajo control de las FARC y otros actores armados.
– Caso 10: Desapariciones forzadas. Este caso aborda uno de los crímenes más complejos y dolorosos del conflicto armado: la desaparición forzada de personas, cuyos cuerpos aún no han sido hallados.
– Caso 11: Desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, que afectó a millones de colombianos, es objeto de este macrocaso que busca entender cómo operaban las estructuras armadas que desplazaron a comunidades enteras de sus territorios.
Resoluciones emitidas por la JEP
De los 11 macrocasos abiertos, algunos han avanzado más que otros. El Caso 01 (secuestros) es el que está más próximo a recibir una sentencia definitiva, mientras que otros casos como los falsos positivos y el reclutamiento de menores todavía se encuentran en etapas preliminares de juicio.
Petición del secretariado: una única sentencia
El antiguo secretariado de las FARC ha solicitado que se les considere los únicos máximos responsables y que se agrupe la totalidad de los crímenes atribuidos a las FARC en un solo macrocaso, con una única sentencia. Según su perspectiva, esto evitaría la “fragmentación” de los procesos judiciales y permitiría un cierre más rápido del conflicto jurídico.
El análisis detrás de esta solicitud sugiere que el secretariado busca evitar múltiples juicios públicos y prolongados, lo que expondría constantemente los detalles más escabrosos de los crímenes cometidos, generando múltiples reproches públicos. Además, un juicio más breve les permitiría salir antes del escrutinio público.
Impacto en los derechos de las víctimas
Desde el punto de vista de las víctimas, la solicitud del secretariado plantea varios problemas importantes:
– Acceso limitado a la verdad completa: Agrupar todos los crímenes en un solo macrocaso limitaría el acceso de las víctimas a la verdad en detalle. Los mandos medios, que tienen información más específica sobre los crímenes cometidos, quedarían excluidos del proceso judicial, privando a las víctimas de un relato completo y minucioso.
– Dificultades para reconstruir la verdad: Varios miembros del secretariado han fallecido o están en condiciones de salud que afectan su memoria, lo que dificulta su capacidad para proporcionar la verdad completa sobre los hechos. Esto, a su vez, hace que sea aún más crucial contar con testimonios de mandos medios y otros actores del conflicto.
– No aceptación de todos los delitos: A pesar de la renuncia a la presunción de inocencia, el secretariado no ha aceptado responsabilidad por todos los crímenes, especialmente en lo que respecta a esclavitud y explotación infantil, dos de los aspectos más atroces del conflicto, en particular desde el enfoque de género.
La decisión del secretariado de las FARC de renunciar a la presunción de inocencia ante la JEP es una estrategia destinada a acelerar el proceso judicial y evitar la fragmentación de las responsabilidades. Sin embargo, esta solicitud tiene la vocación de generar un impacto negativo sobre los derechos de las víctimas, quienes perderían acceso a una verdad detallada y a la justicia plena. Además, la exclusión de ciertos crímenes, como la esclavitud y la explotación infantil, plantea serios cuestionamientos sobre el compromiso real de los exlíderes guerrilleros con la verdad y la reconciliación.
