El Tribunal Administrativo de Cundinamarca instruyó al Ministerio de Salud y al Invima a elaborar un plan inmediato para solucionar la escasez de medicamentos en el país. Además, la Superintendencia de Salud deberá investigar posibles sobrecostos en la adquisición de fármacos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En respuesta a la creciente crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una orden al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que, en un plazo máximo de diez días, presenten un plan de acción urgente que aborde esta problemática.
La decisión del Tribunal surge tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre la “alarmante situación insoluta” en la disponibilidad de medicamentos esenciales, afectando gravemente el derecho a la salud de los colombianos.
El plan exigido debe incluir medidas específicas para garantizar la disponibilidad de medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud, así como de otros principios activos cuya oferta es insuficiente. Además, se requiere que el Invima agilice la tramitación de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos pendientes, con el fin de asegurar su presencia en los canales institucionales y comerciales. También se deben definir estrategias que faciliten el acceso a las materias primas necesarias para la producción de estos fármacos.
El Tribunal enfatizó que la escasez de medicamentos, especialmente para el tratamiento de enfermedades graves, puede tener consecuencias fatales o deteriorar significativamente la calidad de vida de los pacientes, dejando secuelas permanentes. Por ello, considera imperativo que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para mitigar esta crisis.
En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado investigaciones para identificar posibles desvíos de recursos mediante sobrecostos en la compra y venta de medicamentos. Recientemente, la Contraloría General de la República detectó presuntos sobrecostos por más de 68.600 millones de pesos en la adquisición de fármacos por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (DISAN). Estos hallazgos indican que al menos 105 medicamentos fueron adquiridos a precios superiores a los establecidos en la normativa vigente, sin una justificación jurídica válida.
La Superintendencia también ha puesto en marcha investigaciones contra gestores farmacéuticos como Audifarma, tras detectar presuntas fallas en la dispensación oportuna de medicamentos, afectando a pacientes en diversas regiones del país. Estas acciones buscan garantizar que los recursos del sistema de salud se utilicen de manera adecuada y que los usuarios reciban los medicamentos necesarios sin demoras injustificadas.
La crisis de desabastecimiento ha generado preocupación en diversos sectores. El Ministerio de Salud ha reconocido la problemática y ha manifestado su compromiso para trabajar en soluciones efectivas. Por su parte, el Invima ha señalado que está implementando medidas para agilizar los trámites de registro sanitario y así facilitar la entrada de medicamentos al mercado.
Organizaciones de pacientes y usuarios del sistema de salud han expresado su inquietud por la falta de acceso a tratamientos esenciales. Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, afirmó: “No hay dinero para la salud“.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido enfático en la urgencia de adoptar medidas que garanticen el derecho fundamental a la salud. En su fallo, resaltó que la falta de medicamentos no solo afecta a los pacientes, sino que también tiene un impacto significativo en el interés público, dado el volumen de afiliados al sistema de salud que dependen de estos insumos para sus tratamientos.
La orden judicial también contempla la convocatoria de una mesa de trabajo en la que participen diversos actores del sector salud, incluyendo gremios farmacéuticos, distribuidores, EPS, IPS, el Departamento Nacional de Planeación y representantes de los usuarios. El objetivo es establecer las bases de una nueva política farmacéutica orientada a garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud.
Es importante destacar que, aunque el Tribunal ha emitido esta orden, su cumplimiento efectivo dependerá de la coordinación y compromiso de las entidades involucradas. La Procuraduría General de la Nación ha manifestado que realizará un seguimiento riguroso al desarrollo y ejecución del plan de respuesta, con el fin de asegurar que se adopten las medidas necesarias para superar la crisis de desabastecimiento.
