
Más de 3 millones de víctimas de desplazamiento forzado participan actualmente en programas sociales impulsados por Prosperidad Social. Solo en 2024, la entidad invirtió más de 1,4 billones de pesos en atención y soluciones duraderas.
Por: Redacción El Liberal. Versión original: Boletín Prosperidad Social.
En vísperas del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Prosperidad Social reiteró su compromiso con más de tres millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, a través de una inversión que superó los 1,4 billones de pesos en 2024. Así lo anunció el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, al destacar que el rediseño de programas y políticas responde al mandato de ofrecer soluciones duraderas para la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes han sufrido el conflicto armado.
Actualmente, más de 1,8 millones de víctimas están vinculadas a Renta Ciudadana, el principal programa de transferencias del Gobierno nacional. Otras estrategias como Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven también han priorizado a esta población. A través de estos programas, Prosperidad Social ha enfocado esfuerzos para garantizar una atención integral con enfoque diferencial.

Además de las transferencias, la entidad ha trabajado en programas con mayor componente de acompañamiento y transformación territorial. Uno de ellos es “Familias en su Tierra”, que en 2024 atendió a más de 34.000 hogares víctimas del desplazamiento con apoyo alimentario, mejoramiento de vivienda y fortalecimiento de proyectos productivos, con una inversión cercana a los 3.759 millones de pesos. Otro ejemplo es el programa Iraca, que benefició a comunidades étnicas con una inversión de más de 35.000 millones.
El director Gustavo Bolívar explicó que estas acciones se enmarcan en la construcción de una Política Pública de Soluciones Duraderas, la cual se formula junto con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación. “Nuestro propósito es que la población víctima no dependa permanentemente de las ayudas del Estado, sino que fortalezca su tejido social y productivo para lograr una estabilización real”, afirmó.
El CONPES de Soluciones Duraderas, actualmente en proceso de formulación, busca establecer tres grandes líneas de intervención: una mejor articulación interinstitucional, una aplicación efectiva de los principios de concurrencia y coordinación entre nación y territorios, y una adecuación institucional que permita prestar servicios sociales pertinentes y sostenibles.

Según el DANE, en 2023 la pobreza monetaria entre las personas víctimas de desplazamiento fue de 47,2 %, una cifra que, aunque representa una leve mejora frente a 2022, sigue estando 14 puntos por encima del promedio nacional. En cuanto a la pobreza extrema, la cifra fue de 17,8 %, superando en más de seis puntos el promedio del país.
Estos datos evidencian que, pese a los avances, aún existen desafíos estructurales para garantizar condiciones de vida dignas a las víctimas del conflicto armado. Por eso, Prosperidad Social ha insistido en que las políticas públicas deben responder no solo a la urgencia del presente, sino también a la necesidad de reparar y transformar de manera profunda los entornos afectados.

Con programas que combinan apoyo económico, formación, fortalecimiento productivo y trabajo territorial, el Gobierno Nacional busca avanzar hacia una reparación integral que no se limite a medidas paliativas. “La paz total no puede construirse sin justicia social y sin saldar la deuda histórica con quienes han sido desplazados por la violencia”, enfatizó Bolívar.
Así, en el marco de la conmemoración nacional a las víctimas, Prosperidad Social reafirma su compromiso con una Colombia que no olvida y que sigue trabajando por una reconciliación real, anclada en acciones concretas que dignifiquen la vida y restituyan derechos.