El ente de control advierte que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 podría agravar la crisis en clínicas, hospitales y afectar a los pacientes.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano, debido al agravamiento de la crisis en la prestación de servicios de salud. Esta solicitud se formalizó mediante un documento de 24 páginas, en el cual el ente de control expresa su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en relación con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto que el Estado asigna por cada afiliado al sistema de salud, con el fin de cubrir los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Este valor se ajusta anualmente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y asegurar la prestación adecuada de servicios a los usuarios. Sin embargo, la Procuraduría ha manifestado que el aumento del 5,36% establecido para la UPC en 2025 es insuficiente y podría profundizar la crisis financiera que enfrentan clínicas y hospitales, repercutiendo negativamente en la atención a los pacientes.
En su comunicación dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Procuraduría señala que el Ministerio de Salud expidió el acto administrativo que fija la UPC para 2025 con presunta indebida y falsa motivación, basándose en fuentes de información parciales y mediante un procedimiento que no se ajusta a las normas establecidas. El ente de control destaca que algunas de las entidades consideradas en el cálculo, como la Nueva EPS, se encuentran intervenidas y carecen de estados financieros actualizados, lo que podría comprometer la precisión y transparencia del proceso.
La Procuraduría también resalta que la Corte Constitucional, en autos de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760-08, ha registrado cómo el Ministerio de Salud ha desafiado las órdenes judiciales al omitir reiteradamente su cumplimiento, especialmente aquellas relacionadas con la sostenibilidad financiera del sistema. Esta situación, según el ente de control, evidencia una desatención a los mandatos constitucionales que buscan garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
La solicitud de la Procuraduría se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación del sistema de salud en Colombia. Diversos gremios y asociaciones del sector han expresado su inconformidad con el ajuste de la UPC para 2025, argumentando que el incremento es insuficiente para cubrir los costos operativos y garantizar una atención de calidad a los pacientes. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a varias EPS del país, ha advertido que esta decisión podría poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes, al limitar la capacidad de las entidades para ofrecer servicios adecuados.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha defendido el ajuste de la UPC, afirmando que el cálculo se realizó con base en criterios técnicos y financieros, y que busca mantener el equilibrio del sistema. No obstante, la Procuraduría ha insistido en la necesidad de mayor transparencia en el proceso de determinación de la UPC y ha requerido al Ministerio información detallada sobre la metodología empleada, con el fin de verificar su adecuación a las normativas vigentes y su coherencia con las necesidades del sector salud.
La figura del estado de cosas inconstitucional es una declaración que realiza la Corte Constitucional cuando identifica una violación masiva y generalizada de derechos fundamentales, originada en la omisión o acción de las autoridades, y que requiere la adopción de medidas estructurales para su superación. En este caso, la Procuraduría considera que la crisis en el sistema de salud ha alcanzado tal magnitud que amerita esta declaratoria, con el objetivo de promover soluciones integrales que garanticen el derecho a la salud de la población.
