La Procuraduría abrió una investigación contra varios ‘influencers’ asociados al gobierno Petro por presuntamente desprestigiar a la periodista Diana Giraldo en redes sociales, lo que podría constituir una violación a la libertad de prensa.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación formal contra varios personajes políticos e ‘influencers’ cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Los investigados son acusados de presuntamente participar en una campaña de desprestigio en redes sociales contra la periodista Diana Giraldo, quien ha sido crítica de algunas políticas del gobierno actual.
Entre los principales investigados se encuentran Moisés Ninco Daza, David Rozo, Gareth Sella y María Niny Echeverry. Estas figuras han ganado notoriedad en los últimos años por su presencia en medios digitales y su cercanía a sectores políticos alineados con el gobierno. Según las denuncias, habrían utilizado sus plataformas en redes sociales para promover mensajes que socavaron la imagen de la periodista, lo que ha suscitado preocupación por el posible uso de las redes para atacar a voces disidentes.
Contexto de la investigación
La investigación se enmarca en un contexto de creciente polarización en el país, en el cual las redes sociales han desempeñado un papel fundamental para la difusión de información y, en algunos casos, de desinformación. La Procuraduría ha señalado que los ataques a Diana Giraldo, presuntamente orquestados por estos ‘influencers’, podrían violar normas relacionadas con la ética pública y el respeto por los derechos de los periodistas.
Giraldo ha sido una de las voces más críticas respecto a la administración Petro, lo que, de acuerdo con la denuncia, la habría convertido en el blanco de comentarios que buscaban deslegitimar su trabajo. Según la Procuraduría, estas acciones podrían constituir faltas disciplinarias que atentan contra la libertad de prensa, un derecho constitucional en Colombia.
Reacción de los investigados
Hasta el momento, ninguno de los investigados ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la apertura de esta investigación. Sin embargo, en anteriores ocasiones, algunos de ellos han defendido su derecho a la libertad de expresión, argumentando que sus comentarios forman parte del debate público y que no buscan atentar contra la integridad de ningún periodista en particular.
El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre el uso de las redes sociales por parte de figuras políticas y su responsabilidad en la promoción de un diálogo respetuoso y constructivo. Organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas han expresado su apoyo a Giraldo, subrayando la importancia de garantizar un ambiente libre de intimidaciones para quienes ejercen su labor informativa.
Implicaciones para el gobierno Petro
Esta investigación añade una nueva arista a las tensiones que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, ya que los señalados tienen una relación estrecha con su administración. Aunque hasta el momento no se ha implicado directamente al presidente en esta situación, el desarrollo del caso podría tener repercusiones en la percepción pública sobre cómo se gestionan las críticas y el papel de los aliados cercanos del gobierno en la esfera digital.
La Procuraduría ha enfatizado la importancia de esclarecer estos hechos para garantizar el respeto a la libertad de prensa y la protección de los derechos de los periodistas en Colombia. Se espera que en los próximos días se presenten más detalles sobre las pruebas y testimonios que fundamentan esta investigación, mientras el país sigue de cerca el avance del proceso disciplinario.
Este caso subraya la creciente influencia de las redes sociales en el panorama político colombiano y plantea importantes interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la responsabilidad que tienen las figuras públicas en la construcción de un debate democrático respetuoso.
