El Procurador General, Gregorio Eljach, manifestó su inquietud ante el significativo recorte presupuestal que enfrenta la Procuraduría General de la Nación, señalando posibles afectaciones en su funcionamiento y autonomía.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El recién posesionado Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su preocupación respecto al recorte de 85.522 millones de pesos en el presupuesto de la Procuraduría para el año 2025, anunciado por el Gobierno Nacional. Este ajuste representa una disminución significativa en los recursos destinados a la entidad, pasando de 90.000 millones a 5.000 millones de pesos para inversión. Eljach señaló que esta reducción podría comprometer la modernización y operatividad de la Procuraduría.
Se ha venido conociendo, por anuncios del Gobierno, sobre el aplazamiento de estos recursos, argumentando la necesidad de ajustar el presupuesto debido a la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso, lo que generó un déficit de 12 billones de pesos.
En respuesta, Eljach anunció una reunión con el ministro de Hacienda, Diego Guevara, para analizar la situación fiscal y buscar soluciones que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de la Procuraduría. El Procurador enfatizó la importancia de respetar la autonomía e independencia de los órganos de control, establecidas en la Constitución, y expresó su confianza en que el Gobierno no pretende afectar la labor de vigilancia que ejerce la entidad.
La Procuraduría General de la Nación es el organismo encargado de supervisar la conducta de los servidores públicos y proteger los derechos humanos en Colombia. Una reducción presupuestal de esta magnitud podría impactar negativamente en su capacidad para cumplir con estas funciones, especialmente en áreas que requieren inversión en tecnología y capacitación.
Este recorte se enmarca en un contexto más amplio de ajustes fiscales por parte del Gobierno Nacional, que ha anunciado una reducción de más de 12 billones de pesos en el gasto para el año 2025, afectando a diversas entidades y programas sociales. La decisión ha generado preocupación entre diferentes sectores, que advierten sobre posibles impactos en la prestación de servicios esenciales y en la ejecución de proyectos de desarrollo en las regiones.
