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Preocupación por la gestión de recursos en la segunda ola invernal en Colombia

La declaración de desastre natural por parte del presidente Gustavo Petro debido a las intensas lluvias ha reavivado temores de corrupción en la gestión de recursos para emergencias, especialmente tras escándalos anteriores que involucraron desvío de fondos destinados a damnificados. Se implementarán medidas de supervisión para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.

Por: Redacción El Liberal.

Colombia enfrenta una segunda ola invernal que ha afectado gravemente a diversas regiones del país, llevando al presidente Gustavo Petro a declarar una situación de desastre natural. Esta decisión busca movilizar recursos y esfuerzos para atender a las comunidades damnificadas. Sin embargo, la medida ha reavivado preocupaciones sobre la posible corrupción en la gestión de los fondos destinados a emergencias, especialmente tras escándalos anteriores que involucraron el desvío de recursos destinados a los afectados.

En años recientes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha estado en el centro de escándalos de corrupción. En 2022, se descubrió un esquema de desvío de fondos destinados a emergencias climáticas, que involucró a altos funcionarios y congresistas. Este escándalo resultó en investigaciones y procesos judiciales contra varios implicados, incluyendo al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y al exsubdirector, Sneyder Pinilla.

Con el fin de evitar la repetición de irregularidades, el gobierno ha anunciado la implementación de medidas de supervisión para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la actual emergencia invernal. Entre estas medidas se incluye la designación de un ministro ad hoc que supervisará la distribución y uso de los fondos, asegurando que lleguen efectivamente a los damnificados y no sean objeto de prácticas corruptas.

Además, se ha establecido una subcuenta denominada “Subcuenta Variabilidad Climática 2024” dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), con una partida inicial de 1,7 billones de pesos. Esta subcuenta permitirá mantener de forma separada los fondos asignados específicamente para la atención de esta emergencia, facilitando su seguimiento y control.

Organizaciones de la sociedad civil han expresado su apoyo a las medidas anunciadas, pero también han enfatizado la necesidad de una vigilancia constante y efectiva. Han instado a las autoridades a garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que cualquier indicio de corrupción sea investigado y sancionado con rigor.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha manifestado su compromiso de realizar auditorías exhaustivas sobre el uso de los fondos destinados a la emergencia, con el objtivo de prevenir y detectar posibles irregularidades. El contralor general ha señalado que se implementarán mecanismos de control concurrente para monitorear en tiempo real la ejecución de los recursos.

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