El país cuenta ahora con una normativa que establece competencias claras para las autoridades en la gestión del ruido, buscando mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
El Gobierno de Colombia ha sancionado recientemente la denominada “Ley Antiruido”, una iniciativa que busca abordar de manera integral la problemática de la contaminación acústica en el país. Esta nueva normativa establece directrices claras y asigna responsabilidades específicas a diversas autoridades, con el objetivo de garantizar un ambiente más saludable y una convivencia armónica entre los ciudadanos.
La contaminación acústica, comúnmente conocida como ruido excesivo, ha sido identificada como un problema creciente en las principales ciudades de Colombia. Informes de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) indican que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena se encuentran entre las más afectadas por este fenómeno. Por ejemplo, en Bogotá, el 61% de los ciudadanos expresaron insatisfacción con los niveles de ruido en la ciudad, según datos de la RCCV. Esta situación ha llevado a un aumento en las quejas de los residentes y ha resaltado la necesidad de una regulación más efectiva.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los efectos nocivos del ruido en la salud, que van desde problemas auditivos hasta trastornos del sueño y estrés. Estos factores han impulsado la creación de una legislación que aborde de manera integral la gestión del ruido en el país.
Principales aspectos de la Ley Antiruido
La Ley Antiruido introduce varias medidas clave para enfrentar la contaminación acústica:
- Política de Calidad Acústica: Se establece la formulación de una Política de Calidad Acústica que unifica y actualiza las normativas existentes sobre el ruido. Esta política busca garantizar el bienestar de las personas y la protección de los ecosistemas frente a los impactos nocivos del ruido.
- Actualización de límites de ruido: El Ministerio de Ambiente tiene un plazo de 18 meses para revisar y actualizar los niveles máximos de ruido permitidos, que no se han modificado en casi dos décadas. Esta actualización incluirá la creación de mapas estratégicos de ruido y la identificación de zonas acústicamente saturadas que requerirán medidas especiales.
- Sanciones más severas: Las multas por exceder los niveles de ruido permitidos se incrementarán significativamente, pasando de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esto equivale a sanciones que pueden superar los 20 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
- Herramientas para las autoridades: La ley otorga a las autoridades locales y a la Policía mayores facultades para intervenir en casos de ruido excesivo. Por ejemplo, podrán desactivar directamente la fuente del ruido, incluso si el responsable se niega a hacerlo. Además, se permitirá el uso de diversos medios probatorios, como testimonios y grabaciones, para sancionar a los infractores.
- Protección de la fauna y flora: La normativa también destaca la importancia de proteger a la flora y fauna, especialmente a las aves que habitan en las zonas verdes de las ciudades y municipios, de los efectos adversos del ruido excesivo.
Este proyecto de ley, aprobado el año pasado, no había recibido la sanción presidencial y, a diferencia de otras iniciativas del gobierno, había quedado rezagada en su promulgación. Ahora, con la sanción, quienes reclaman mejores condiciones de convivencia para prevenir el exceso de ruido, tienen una norma que los protege.
