El Gobierno Nacional anunció un incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, generando controversia al ser inferior a las expectativas de las agremiaciones científicas, que consideran insuficiente el ajuste para solventar la crisis financiera del sistema de salud.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025 ha desatado una intensa polémica en el sector salud. La UPC es el monto que el Estado asigna por cada afiliado al sistema de salud, y su ajuste anual es crucial para garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad en la prestación de servicios médicos.
En un contexto marcado por una crisis financiera en el sistema de salud, diversas agremiaciones científicas y entidades del sector habían solicitado un aumento significativo de la UPC para cubrir el déficit acumulado y asegurar la adecuada financiación de los servicios. Sin embargo, el Gobierno ha decretado un incremento que, según estas organizaciones, está muy por debajo de lo necesario.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) había presentado un análisis técnico sugiriendo que el ajuste de la UPC para 2025 debería estar entre el 16% y el 18%, con el fin de enfrentar las demandas del sistema y mitigar la crisis financiera que afecta a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). No obstante, el Gobierno anunció un aumento del 5,36%, tomando como referencia la inflación causada a noviembre de 2024.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida, afirmando que “el incremento de la UPC representa un ascenso real respecto al pasado”. Además, señaló que la no discusión de la ley de financiamiento los “obligó” a no aumentar el gasto, sino a aplazarlo.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que se identificaron inconsistencias en la gestión de los recursos destinados al sistema de salud pública, lo que impide un ajuste mayor al incremento de la inflación. Según la cartera, se detectaron irregularidades en las cuentas de las EPS, incluyendo incrementos inusuales en la frecuencia y gravedad de los servicios de salud, que no corresponden a los comportamientos históricos ni a las proyecciones realizadas.
Sin embargo, las agremiaciones científicas y otros actores del sector salud consideran que el aumento decretado no subsana la desfinanciación que arrastra el sistema. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), afirmó que “el ajuste de la UPC debería estar en niveles que pueden estar entre 15% o 25%“. Centros de investigación y gremios señalaron que la UPC debe crecer por encima de 16% para generar liquidez en 2025, pero esto no sanearía el déficit acumulado.
La Procuraduría General de la Nación también ha expresado su preocupación por la situación. La procuradora delegada en asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio al ministro de Salud solicitando información detallada sobre la metodología y el análisis que serán empleados para definir el incremento de la UPC para el año 2025. La PGN ha dejado en claro que se deben tener en cuenta elementos como datos representativos y ajustes que reflejen cambios demográficos y epidemiológicos.
Desde una perspectiva política, algunos allegados al Gobierno defienden la medida argumentando que no se busca “engordar los bolsillos de los empresarios de la salud” ni entregar más recursos que puedan perderse en manos privadas. Esta postura ha sido criticada por sectores que consideran que la financiación adecuada del sistema de salud es esencial para garantizar la atención de calidad a los ciudadanos, independientemente de las disputas sobre la gestión de los recursos.
La incertidumbre generada por el ajuste de la UPC ha llevado a que diversos actores del sistema de salud expresen su preocupación por la sostenibilidad financiera y la calidad en la prestación de los servicios. La Cámara Colombo Americana (AmCham) Colombia advirtió sobre los riesgos que enfrenta el sistema de salud debido a la definición de la UPC para 2025 y el trámite de la reforma a la salud.
