La operación Perseo busca retomar El Plateado, bastión estratégico de las disidencias armadas y epicentro de economías ilícitas. El éxito dependerá de implementar alternativas reales que conviertan la presencia estatal en una solución para la región.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La operación Perseo, cuyo objetivo es retomar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, representa una apuesta clave en términos de control territorial en una zona que ha sido durante años un bastión estratégico para diversos grupos armados, en especial las disidencias de las FARC. Este corregimiento ha sido calificado como un centro neurálgico para las actividades ilícitas, particularmente el narcotráfico, lo que lo convierte en un objetivo primordial para la restauración de la presencia estatal y la pacificación de la región.
La importancia de El Plateado radica en su ubicación geográfica, en medio de una vasta red de rutas utilizadas para el transporte de drogas hacia el Pacífico, lo que lo ha transformado en una zona disputada entre facciones armadas como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias y la Segunda Marquetalia. Estos grupos han generado una economía local altamente dependiente de actividades ilegales, desde el cultivo de coca hasta la extorsión y el uso de la violencia como medio de control social y territorial.
Uno de los mayores retos de esta operación es que la dependencia de las economías ilegales en El Plateado no solo permea a los grupos armados, sino también a buena parte de la población civil, que ha sido empujada a participar en estas actividades por la ausencia histórica del Estado. Aunque el gobierno nacional, a través de iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), busca implementar alternativas sostenibles, la desconfianza hacia el Estado es alta debido a los continuos incumplimientos y la falta de garantías de seguridad.
En este contexto, la operación Perseo tiene el desafío de no solo erradicar las rentas ilícitas, sino también establecer un modelo económico alternativo que pueda integrar a las comunidades locales en actividades legales. Sin un proceso de acompañamiento integral, que incluya no solo seguridad sino también inversión social y oportunidades de desarrollo económico, la presencia estatal podría ser vista nuevamente como un “problema” y no una solución.
El éxito de esta operación dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para generar confianza y estabilidad en una zona asediada por décadas de conflicto. Esto requiere un enfoque integral que ofrezca alternativas reales a las economías ilegales, fortalezcan las instituciones locales y aseguren un proceso de diálogo y participación comunitaria, con el fin de consolidar la paz y el desarrollo en el suroccidente colombiano.
