El organismo internacional calificó como “esfuerzo positivo” del Gobierno Nacional la incorporación de estándares sugeridos en la reforma laboral, pese a que esta no fue aprobada en el Congreso. El Ministerio del Trabajo celebró el pronunciamiento.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
En un pronunciamiento reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) valoró positivamente el hecho de que el Gobierno colombiano hubiera incluido en su propuesta de reforma laboral varias de las recomendaciones formuladas por el organismo internacional. Aunque la reforma fue archivada en el Congreso y no llegó a convertirse en ley, la OCDE calificó como un “esfuerzo positivo” su contenido, particularmente en relación con temas como la formalización del trabajo, la remuneración justa y la protección de derechos laborales fundamentales.
El pronunciamiento fue difundido en el marco de las revisiones y diálogos técnicos que la OCDE sostiene con sus países miembros y con aquellos que están en proceso de acercamiento o evaluación de políticas públicas. Colombia ingresó formalmente a la OCDE en abril de 2020, tras un proceso de más de siete años de revisión de sus políticas económicas, sociales y laborales. Desde entonces, el país se ha comprometido a adaptar progresivamente sus estándares a los lineamientos de esta organización.
Entre los aspectos destacados por la OCDE en su evaluación, figuran cinco puntos específicos que fueron abordados en el articulado de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro: (i) el pago de horas extras en la jornada nocturna, (ii) la remuneración justa por el trabajo realizado en días de descanso obligatorio, (iii) medidas concretas para combatir la violencia, el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, (iv) la promoción de la formalización del trabajo y (v) garantías efectivas para el ejercicio de la libertad sindical.
La inclusión de estos elementos fue interpretada por la OCDE como un signo de voluntad política para mejorar las condiciones laborales en el país y avanzar en la implementación de buenas prácticas internacionales en el mercado de trabajo. Sin embargo, el organismo también dejó claro que se trata apenas de un paso dentro de un proceso más amplio, que requiere continuidad en la discusión legislativa y un compromiso sostenido con la mejora de la calidad del empleo.
Tras conocerse la valoración de la OCDE, el Ministerio del Trabajo, encabezado por la ministra Gloria Inés Ramírez, celebró públicamente el pronunciamiento y lo presentó como una validación técnica del enfoque que el Gobierno ha querido imprimirle a su política laboral. En una publicación oficial desde la cuenta institucional @MintrabajoCol, se destacó que “la OCDE reconoce los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones laborales en Colombia, incluyendo medidas para la equidad, la dignidad en el trabajo y el respeto por los derechos fundamentales”.
En declaraciones recogidas por medios nacionales, la ministra Ramírez señaló que “esta es una muestra de que nuestra propuesta tenía un fundamento técnico serio, alineado con los estándares internacionales. Lamentablemente, la reforma no fue aprobada en esta legislatura, pero el Gobierno sigue comprometido con sacar adelante una agenda laboral que transforme positivamente la vida de los trabajadores y trabajadoras del país”.
Como se recordará, la reforma laboral fue presentada ante el Congreso en 2023, como parte de un paquete de reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo, que también incluía reformas al sistema de salud y al régimen pensional. La propuesta laboral fue objeto de un amplio debate, que enfrentó posiciones encontradas entre centrales obreras, gremios empresariales y bancadas legislativas de oposición y gobierno.
Entre los puntos más controversiales estaban precisamente algunos de los que la OCDE valoró positivamente, como la redefinición de la jornada nocturna desde las 6:00 p.m. (en lugar de las 9:00 p.m.) o la regulación más estricta de los contratos por prestación de servicios. Los gremios empresariales advirtieron sobre los posibles efectos negativos que estas medidas podrían tener sobre el empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Desde la oposición, también se criticó el enfoque considerado “excesivamente rígido” de la propuesta, señalando que podría desincentivar la contratación y agravar los niveles de informalidad, que ya superan el 55% en algunas regiones del país. Finalmente, el proyecto no logró los apoyos suficientes para avanzar en su trámite legislativo y fue archivado en comisión.
Pese a ello, el Gobierno ha insistido en que se trata de una reforma necesaria y ha anunciado que será nuevamente presentada en la próxima legislatura. En palabras del presidente Gustavo Petro, se trata de “corregir las injusticias históricas del mundo del trabajo en Colombia” y de “garantizar condiciones dignas y estables, especialmente para los sectores más vulnerables”.
El respaldo de la OCDE podría jugar un papel importante en el relanzamiento de esta reforma, al brindar un respaldo técnico internacional que legitima algunos de sus ejes fundamentales. No obstante, aún está por verse si las condiciones políticas del Congreso serán más favorables en los próximos meses o si se mantendrán las divisiones que llevaron al fracaso del primer intento.
Expertos en política pública y derecho laboral coinciden en que el camino para una reforma laboral exitosa requiere una amplia concertación, tanto con el sector productivo como con los trabajadores. De acuerdo con el abogado laboralista Iván Daniel Jaramillo, “la inclusión de los estándares de la OCDE es una base valiosa, pero no basta con enunciarlos. El éxito de una reforma dependerá de su implementación gradual, de su sostenibilidad y del respaldo que logre construir en el escenario legislativo”.
Por ahora, el Ministerio del Trabajo ha reiterado que seguirá trabajando con la OCDE y con otros organismos multilaterales para seguir alineando sus políticas con las mejores prácticas internacionales. La cartera también ha impulsado foros regionales para socializar los ejes de la propuesta, recoger observaciones y construir consensos que permitan una nueva presentación del proyecto en el segundo semestre de 2025.
Desde las centrales obreras, como la CUT y la CGT, también se ha recibido con agrado el respaldo de la OCDE. En un comunicado conjunto, expresaron que “la validación de un organismo técnico internacional como la OCDE confirma que los derechos de los trabajadores no son una utopía ni una amenaza, sino una necesidad para el desarrollo sostenible del país”.
En contraste, algunos sectores empresariales han reiterado su llamado a que cualquier nueva propuesta tenga en cuenta la realidad económica y la capacidad de pago de las empresas, especialmente en medio de la desaceleración que afecta al país desde finales de 2023.
Mientras se define el futuro legislativo de esta iniciativa, el pronunciamiento de la OCDE parece haber renovado el debate sobre la urgencia y la viabilidad de una reforma laboral en Colombia, y dejado sobre la mesa la pregunta central que aún divide a la sociedad colombiana: ¿cómo avanzar hacia mejores condiciones laborales sin comprometer la estabilidad del empleo ni la competitividad de las empresas?
El segundo intento del Gobierno para lograr la aprobación de esta reforma estará condicionado no solo por la correlación política en el Congreso, sino también por su capacidad de concertación con los sectores productivos y sociales, y por su disposición a ajustar el texto a partir de la experiencia reciente. El reconocimiento de la OCDE, aunque simbólico, podría ser el primer paso para construir esa nueva etapa del diálogo.
