Un informe de la Nueva EPS reveló que, antes de la intervención forzosa administrativa iniciada en abril de 2024, la entidad acumulaba 12 millones de facturas pendientes por procesar, equivalentes a aproximadamente $4,3 billones. Esta situación se atribuye a prácticas administrativas inadecuadas de gestiones anteriores.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Nueva EPS, una de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) de Colombia, presentó un informe detallando que, al 3 de abril de 2024, fecha en que la Superintendencia Nacional de Salud inició una intervención forzosa administrativa, la entidad tenía un acumulado de 12 millones de facturas sin procesar, con un valor cercano a los $4,3 billones.
Según el informe, esta acumulación se debió en gran medida a la forma en que las administraciones previas manejaban los pagos. Específicamente, se realizaban pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) basados en promedios históricos de radicación mensual, en lugar de basarse en la facturación efectivamente procesada y auditada. Esta práctica llevó a un desajuste significativo entre los pagos realizados y los servicios realmente prestados.
Además, se identificaron otras falencias, como la ausencia de información precisa. Por ejemplo, para junio de 2024, se evidenció que los archivos RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) eran borrados después de ser incluidos en las bases de datos, lo que dificultaba la trazabilidad y transparencia en la gestión de la información.
El agente interventor designado por la Superintendencia, Bernardo Camacho Rodríguez, señaló que estas deficiencias estructurales heredadas de administraciones anteriores complicaron la gestión eficiente y transparente de los recursos de la entidad. Camacho enfatizó la necesidad de implementar medidas correctivas para subsanar estas irregularidades y mejorar la operatividad de la EPS.
En respuesta a esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud decidió, el 3 de abril de 2025, extender por un año más la intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS. Esta decisión se fundamentó en la persistencia de las causales que motivaron la intervención inicial, relacionadas con incumplimientos normativos en condiciones financieras y en la prestación de servicios a los usuarios.
La deuda de la Nueva EPS con clínicas y hospitales también ha sido motivo de preocupación. Con corte a diciembre de 2024, la deuda ascendía a más de $5 billones, lo que ha generado tensiones con las instituciones prestadoras de servicios de salud y ha afectado la atención a los afiliados.
En resumen, la Nueva EPS enfrenta desafíos significativos derivados de prácticas administrativas inadecuadas en el pasado. La intervención de la Superintendencia busca corregir estas falencias y garantizar una gestión más eficiente y transparente, en beneficio de los millones de afiliados que dependen de sus servicios.
